Heteropatriarca
Madmaxista
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Las prisiones catalanas están al 95% de su capacidad, con casi 1.800 presos más en menos de cuatro años. La Generalitat busca aliviar la presión con la "abiertalidad", agilizando el acceso al tercer grado y semilibertad.
Las cárceles catalanas andan justas de espacio. A finales de agosto, los 13 centros penitenciarios de Catalunya albergaban a 9.583 internos, lo que supone un 95% de su capacidad total, fijada en 10.014 plazas. Esto significa que en menos de cuatro años, el número de personas encarceladas ha aumentado en unas 1.800 personas, un 24% más. Este crecimiento desbocado está empezando a tener consecuencias prácticas. Se han dado casos de internos que han tenido que ser alojados en dependencias de enfermería en la prisión de Figueres, aun sin requerir atención médica. La falta de sitio tampoco respeta los regímenes de aislamiento; en Lledoners, casi una decena de presos sancionados han cumplido su castigo en el módulo de ingresos, el espacio reservado para los recién llegados, porque no había plazas disponibles en los departamentos de régimen cerrado.
La saturación no solo afecta al espacio físico, sino también a la atención a los reclusos. Las fuentes sindicales apuntan a que los servicios médicos y psiquiátricos de las prisiones no están preparados para cubrir las necesidades de la población reclusa, y mucho menos para garantizar un seguimiento adecuado de los casos de riesgo de suicidio. En el centro penitenciario de Quatre Camins, por ejemplo, solo hay dos psiquiatras externos que visitan semanalmente. Ante este panorama, el Departament de Justícia apuesta por la llamada "abiertalidad". Esta estrategia, impulsada ya anteriormente, busca favorecer la reinserción y, de paso, descargar los centros. En la práctica, se trata de agilizar la evaluación de casos que podrían acceder al tercer grado o a regímenes de semilibertad. Sin embargo, esta medida genera inquietud entre algunos trabajadores penitenciarios, que temen que la presión del sistema merme la capacidad de hacer valoraciones individualizadas y exhaustivas antes de conceder ciertos beneficios penitenciarios.
Para intentar paliar la falta de espacio, la Generalitat está trabajando en la ampliación de la capacidad de los centros con módulos industrializados. El objetivo es crear entre 600 y 700 plazas nuevas, incluyendo las 256 previstas en la prisión de Mas d'Enric, en El Catllar, donde se instalarán dos módulos prefabricados. Este plan, anunciado hace un año, se amplía ahora a otros centros ante el aumento continuo de ingresos desde 2022. Esta tendencia coincide con un refuerzo de las actuaciones policiales y judiciales contra la multirreincidencia y la próxima apertura del centro penitenciario de la Zona Franca en enero, que acogerá inicialmente a 400 presos y podrá llegar hasta 800. Paralelamente, el sindicato SICAP-FEPOL ha pedido a la Fiscalía Superior de Catalunya que investigue una posible ampliación del artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario. Según el sindicato, esto podría permitir que 288 internos más pasaran a régimen abierto, elevando la proporción actual del 22% a más del 25%. El sindicato vincula esta petición a la falta de espacio en los módulos ordinarios y denuncia que la saturación podría estar generando presiones para aumentar las propuestas de tercer grado.
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