Castilla y León: VOX anuncia la eliminación de la cita previa obligatoria en las Administraciones y la aplicación del silencio administrativo positivo

VOX elimina la cita previa obligatoria en Castilla y León: ¿medida real o brindis al sol?​

VOX ha anunciado esta semana en Castilla y León la eliminación de la cita previa obligatoria en las oficinas de la Junta y la aplicación del silencio administrativo positivo. Suena a promesa de campaña cumplida, pero entre el titular y la viabilidad legal hay un trecho que la Ley 39/2015 no permite saltar así como así.

El anuncio: fin de la cita y silencio a favor del ciudadano​

El partido difundió el pasado martes que los ciudadanos podrán acudir directamente a las dependencias autonómicas sin necesidad de reservar hora previa. Además, se implantará el silencio administrativo positivo: si la Administración no responde en el plazo legal, la solicitud se entenderá concedida. La medida, según VOX, busca reducir la burocracia y mejorar la eficiencia de los servicios públicos.

El obstáculo legal: la Ley 39/2015 no se toca tan fácil​

El principal escollo es que el silencio administrativo está regulado por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una norma de carácter básico estatal. Como señalan los expertos, las comunidades autónomas no pueden modificar por sí solas el sentido del silencio ni los plazos. La Junta de Castilla y León podrá ajustar aspectos organizativos, pero cambiar la naturaleza del silencio requeriría una reforma en el Congreso. ¿Resultado? La medida podría quedarse en un brindis al sol si no se modifica la ley marco.

¿Qué supondría si se llega a aplicar?​

Si el silencio positivo se hiciera efectivo, la Administración estaría obligada a resolver en plazo o ver cómo se le conceden automáticamente recursos, licencias y autorizaciones. En teoría, forzaría a los funcionarios a trabajar y eliminaría el tapón burocrático. Sin embargo, también abre la puerta a abusos: grandes empresas podrían presentar solicitudes masivas en momentos de colapso administrativo y obtener aprobaciones por silencio, afectando a terceros como pequeños propietarios o afectados por expropiaciones. El riesgo de inseguridad jurídica es real.

Escepticismo y división ante la promesa​

La noticia ha generado reacciones encontradas. Quienes llevan años denunciando la obligatoriedad de la cita previa -impuesta durante la pandemia y nunca retirada del todo- aplauden el anuncio. Pero el escepticismo domina: el PP lleva años en el gobierno autonómico y no ha impulsado cambios similares, y las promesas de VOX en coaliciones anteriores no siempre se han materializado. Además, la eliminación de la cita previa sin reforzar la plantilla podría traducirse en largas colas y atención presencial caótica. La experiencia dice que la letra pequeña del decreto será la clave.

Predicción con reservas​

Es probable que la supresión de la cita previa obligatoria se implante sin demasiados problemas en el ámbito de la atención presencial -siempre que se mantenga la opción de reserva voluntaria-. En cambio, el silencio administrativo positivo tiene todos los boletos para toparse con los tribunales o quedar en papel mojado por falta de competencia autonómica. La pelota, en última instancia, está en el tejado de la Ley 39/2015. Sin cambios en el Congreso, el anuncio de VOX quedará como un gesto político más que se desvanece al primer recurso contencioso-administrativo.