Cara a cara con las víctimas: Lo que España debería aprender de Corea del Norte tras una catástrofe

En 2014, un edificio en reforma se derrumbó en Pyongyang y el arquitecto jefe, un general, pidió perdón públicamente ante los familiares de las víctimas. La comparación con España no es un modelo: es un espejo incómodo sobre quién asume la culpa cuando falla una obra.

Un derrumbe en Pyongyang y un general frente a las víctimas

En 2014, un edificio de viviendas en reforma se derrumbó de forma no controlada en Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Murieron decenas de personas. El suceso tuvo eco en medios de comunicación de varios países.

Lo que distinguió aquel caso no fue el derrumbe, sino lo que vino después. El arquitecto jefe de la obra, un general —buena parte de la construcción en el país corre a cargo del ejército—, compareció en el mismo lugar de los hechos. Lo hizo ante los familiares de las víctimas mortales, cara a cara, para pedir perdón públicamente. La televisión estatal retransmitió la escena para todo el país.

La degradación que probablemente vino después

La comparecencia pública no fue el final del castigo. Es muy probable que el general fuese degradado y pasase una temporada en un campo de reeducación, picando piedra, con tiempo para recapacitar sobre las consecuencias de sus actos. Esa parte, sin embargo, correspondería dictaminarla un tribunal, militar en este caso. La diferencia con España no está en la severidad: está en que allí el responsable se pone delante de los afectados.

Qué pasa en España cuando cae un edificio

En España, ante un derrumbe o el descarrilamiento de un tren, la reacción habitual es otra. Cada responsable se lava las manos y señala al de al lado en un cruce de acusaciones. Unos contratan a un letrado; otros ponen pies en polvorosa. La dimisión, cuando llega, es la excepción y no la norma.

No se trata de importar el modelo norcoreano, que incluye campos de trabajo forzado y un sistema judicial sin garantías. Se trata de constatar un abismo: la rendición de cuentas pública ante las víctimas es aquí una rareza. Y eso, en una economía que depende de la confianza en sus obras y su infraestructura, también tiene un coste.