1,3 millones de solicitudes y 50 funcionarios: el disparate de la regularización
El pasado 30 de junio se cerró el plazo de la regularización extraordinaria de forasteros. El Gobierno esperaba medio millón de solicitudes. Recibió entre 1,2 y 1,3 millones. El resultado es un colapso administrativo de libro: la maquinaria burocrática, diseñada para un flujo mucho menor, ahora mismo está desbordada.
El agujero de las previsiones
Las cifras cantan. 500.000 solicitudes previstas; más del doble real. En Vigo, apenas medio centenar de funcionarios deben resolver cerca de 1,2 millones de expedientes. Una proporción absurda. La Administración, atrapada, ha recurrido a una medida de emergencia: pagar 10 euros por cada expediente resuelto fuera del horario laboral a funcionarios voluntarios.
La oferta, más simbólica que efectiva, no convence. Diez euros por expediente cuando cada caso requiere revisión de documentos, entrevistas y comprobaciones. El coste político del desfase es alto: el relato oficial de control migratorio se resquebraja cuando los datos muestran que la capacidad de gestión es insuficiente.
Voluntarios contra el muro burocrático
La idea de pagar extra a funcionarios voluntarios choca con la realidad de un proceso que, según algunos análisis, debería automatizarse parcialmente. Pero aquí no hay atajos: cada solicitud es una persona, y cada persona un expediente. La pregunta que flota es si este parche alcanzará o si, como parece, el atasco durará meses.
Mientras, la ciudadanía observa cómo el Estado improvisa: primero infraestima, luego reacciona con medidas de urgencia. El caos no es noticia, sino la nueva normalidad.
