Campaña contra jueces y periodistas audios de las cloacas del psoe señalan a sánchez: "el gran jefe dice que hay que acabar con esto"

Los audios que apuntan a Sánchez y la guerra sucia del PSOE contra la justicia​

La publicación de unas grabaciones en las que un empresario implicado en la presunta campaña de desprestigio del PSOE menciona al presidente del Gobierno ha abierto un nuevo frente judicial y político. En los audios, el empresario asegura que Santos Cerdán y la fontanera del partido Leire Díez manejan miles de archivos con información sensible, y que la orden de «acabar con esto» vendría de la cúpula, señalando directamente a Pedro Sánchez. La tesis que se desprende de las informaciones publicadas es que Ferraz habría orquestado una operación para desacreditar a magistrados y periodistas, con la UCO como uno de los objetivos principales.

El contenido de los audios y la trama de Ferraz​

Las grabaciones, desveladas inicialmente por El Confidencial, sitúan en el centro de la trama a Santos Cerdán, número tres del PSOE, y a Leire Díez, señalada como la fontanera de confianza para este tipo de operaciones. En uno de los fragmentos, el empresario Víctor de Aldama declaraba que «Leire es de la máxima confianza de Cerdán y la utiliza para este tipo de extorsiones y delitos». La operación habría incluido contactos con empresarios imputados para ofrecerles trato de favor a cambio de colaboración, así como la presunta utilización de la Fiscalía para atacar a la UCO. En otro audio, atribuido a Leire Díez, se escucha una promesa inquietante: «Los fiscales se mueven, no hay problema para resolver la cuestión».

La reacción de la oposición no se hizo esperar. Alberto Núñez Feijóo calificó de «gravísimo» el audio y afirmó que «a la Guardia Civil se la respeta», añadiendo que «estamos en la decadencia más absoluta». La asociación de la Guardia Civil denunció los intentos de «desestabilizar» a la UCO desde ámbitos políticos, en un momento en que la unidad investiga varias causas que afectan al entorno del presidente.

El frente judicial: del caso Begoña a la querella contra el juez Peinado​

El escándalo de los audios no es un hecho aislado. Se enmarca en un contexto de máxima tensión entre el Gobierno y el poder judicial. El Tribunal Supremo estudia una denuncia contra Pedro Sánchez por presunta malversación de fondos públicos en el caso Begoña, presentada por una asociación que considera que el presidente utilizó recursos del Estado para su querella contra el juez Juan Carlos Peinado. La denuncia sostiene que la querella del presidente contra el magistrado que investiga a su esposa habría supuesto un uso indebido de medios públicos.

La guerra judicial se ha extendido a los medios de comunicación. La Justicia tumbó la demanda de Begoña Gómez contra El Confidencial, condenándola en costas, en un intento de silenciar las informaciones que motivaron la apertura de la investigación. Paralelamente, el Gobierno ha anunciado un plan de control de medios que pretende llevar al plano internacional, exponiéndolo en la ONU, y que ha sido denunciado ante la Comisión Europea por Ciudadanos como un intento de «controlar dos pilares fundamentales de cualquier democracia liberal».

La ofensiva contra la UCO y las purgas en la Guardia Civil​

Uno de los focos más calientes es la presunta operación para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según las informaciones que circulan, la operación habría costado más de 150.000 euros y habría incluido el pago a «fontaneros» en Estados Unidos para ir contra el fiscal anticorrupción Grinda. La UCO cree que el PSOE pagó a estos profesionales para derribar al fiscal, en una maniobra que se suma a los intentos de purga interna en el cuerpo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pretende controlar la Guardia Civil con más puestos a dedo, en pleno escándalo por las purgas en la UCO, eligiendo a numerosos mandos, entre ellos los encargados de dar obras sin licitación.

La situación ha llevado a los jueces a pronunciarse. Una corriente judicial denuncia que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está «secuestrado por los políticos desde 1985», una crítica que afecta tanto al PSOE como al PP y que refleja la creciente preocupación por la independencia judicial en España. La Unión Europea, en su informe sobre el Estado de Derecho, constata que la percepción de corrupción en España «ha aumentado significativamente» durante los últimos cinco años de Gobierno de Sánchez, y advierte de que los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar manifestaciones que puedan menoscabar la independencia judicial.

La cloaca digital: IA y fabricación de pruebas​

La trama no se ha limitado a los contactos con empresarios. Según las informaciones, la «cloaca» habría utilizado inteligencia artificial para fabricar fotos falsas de la juez del hermano de Sánchez al no encontrar nada con lo que atacarla. Este extremo, publicado por El Debate, apunta a una sofisticación inusitada en la guerra sucia, con la utilización de tecnologías avanzadas para la desinformación. La Fiscalía, por su parte, ha sido acusada de poner trabas para conocer si el ex jefe del OCON-Sur sufrió una investigación basada en pruebas falsas para descabalgarlo.

En este contexto, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, habría amenazado a la oposición con la frase «Tengo información de sobra para hacer daño», un episodio más en la escalada de tensión institucional. La percepción de que el entorno del PSOE maneja a la Fiscalía para atacar a la UCO se ha instalado en el debate público, alimentada por los audios y por las declaraciones de los implicados.

El futuro inmediato: una crisis que no da tregua​

A la espera de que la justicia determine responsabilidades, el escenario apunta a una prolongación de la crisis. La amenaza de Leire Díez de «tirar de la manta» sugiere que podría haber más información sensible en juego. La pregunta es si esta espiral de acusaciones cruzadas y guerras judiciales acabará desgastando al Gobierno o si, como apunta alguna corriente de análisis, el votante socialista se movilizará aún más ante lo que percibe como un ataque. La historia reciente indica que los escándalos de este calibre rara vez se resuelven con una dimisión; suelen enquistarse hasta que la justicia o el electorado ponen el contador a cero. Pero esa es una predicción que, por ahora, solo el tiempo podrá confirmar.