El juez Pedraz imputa a la presidenta de la Sepi y a 25 personas en el 'caso Leire Díez'
La SEPI, el holding público que controla participaciones estratégicas en Telefónica, Indra y otras grandes empresas, se ha convertido en el epicentro de una nueva sacudida judicial. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a su presidenta, Belén Gualda, y a otras 24 personas en la pieza separada del caso que investiga a la presunta 'fontanera' Leire Díez por adjudicaciones irregulares de contratos públicos. La decisión, a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, golpea de lleno la cúpula de la empresa pública.
25 imputados y un patrimonio que no cuadra
Entre los investigados figuran José Vicente Berlanga, expresidente de la empresa pública Enusa, y Rosario Arévalo, exconsejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha. Pero el dato que más ha llamado la atención en el debate económico es el de un alto cargo de la SEPI que, con un sueldo anual de 100.000 euros, habría declarado propiedades por valor de 10 millones de euros. La diferencia entre ingresos y patrimonio invita a preguntarse cómo se construyó esa fortuna.
El relato oficial contra los datos
El mismo sábado, el presidente del Gobierno afirmó que la corrupción se limitaba a "personas concretas". Las diligencias de Pedraz suman otras 25 personas concretas a la lista. Mientras, en el entorno judicial crece la sensación de que la ofensiva contra la corrupción en el sector público está siendo más intensa que en años anteriores. Algunas voces apuntan a que la UCO, con recursos limitados, está logrando destapar una podredumbre que antes parecía protegida. Otras, en cambio, ven una selección de objetivos que no alcanza a todas las formaciones políticas.
La SEPI como pasarela política
El holding público ha sido utilizado, según diversas fuentes, como una plataforma para colocar a afines del partido en el Gobierno. Un ejemplo: uno de los imputados ya había tenido que abandonar la presidencia de la SEPI por otra causa judicial, pero el puesto permaneció vacante durante más de un año hasta que se pudo recolocar a otra persona de confianza. La pregunta que queda en el aire es si la investigación se extenderá a más altos cargos o se quedará en estas 25 personas.
Si la investigación sigue el ritmo actual, es probable que el caso salpique a más nombres. Pero la historia judicial en España enseña que la velocidad del juez puede frenarse en las instancias superiores. De momento, el juez Pedraz ha abierto una caja de Pandora que promete dar mucho ruido.