Brotaaaaaaaaal el gobierno vasco no localiza a + de 40.000 perceptores de la RGI (a una media de unos 1000€ al mes son unos 40 millones al mes jojojo

El Gobierno vasco no localiza a más de 40.000 perceptores de la RGI: un agujero de 40 millones al mes

¿Cómo es posible que la administración vasca haya perdido la pista del 60% de los beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)? Según los datos que han trascendido, de los 68.000 perceptores totales, más de 40.000 no han sido localizados. A una media de 1.000 euros por prestación, el descontrol ronda los 40 millones de euros mensuales. Una cifra que, extendida al conjunto del sistema de protección social, invita a preguntarse qué está pasando realmente con el control de las ayudas.

Cifras que escuecen

La RGI oscila entre 600 y 1.700 euros según el número de descendientes, pero el importe medio ronda los 1.000 euros. Con 40.000 perceptores sin localizar, el coste mensual supera los 40 millones. El problema no es menor: implica que la administración autonómica no sabe dónde viven, si residen en el extranjero o si siguen cumpliendo los requisitos casi tres de cada cinco beneficiarios.

Propuestas de control y sus críticas

Ante el descontrol, han surgido propuestas drásticas: desde la obligación de presentarse físicamente cada día en comisaría hasta la realización de trabajos comunitarios. Medidas que, según sus defensores, harían desaparecer a los 'paguitas' a gran velocidad. Sin embargo, no falta quien las tacha de «esclavismo» o quien recuerda que un trabajador que cobra la RGI apenas llega a los 400 euros si ha tenido ingresos previos. La discusión de fondo es si el sistema puede ser tan permeable o si el problema es de gestión.

El riesgo de extrapolar

Si la proporción de perceptores no localizados alcanza el 60%, la pregunta incómoda es qué ocurriría si se aplicara la misma ratio al conjunto de España. El sistema de rentas mínimas autonómicas —con sus 17 versiones— podría estar ante un agujero multimillonario. Mientras tanto, las soluciones que se barajan, como perseguir por falsedad a los beneficiarios y por malversación a los gestores, chocan con la realidad de unos funcionarios que, se argumenta, no darían abasto.

La conclusión es irónica: el sistema diseñado para garantizar ingresos mínimos tiene un punto ciego del tamaño de una ciudad mediana. Y mientras no se sepa dónde están esos 40.000 perceptores, el único indicador seguro es que el agujero sigue abierto.