NOTICIA: Brainstorm de ideas para solucionar la oleada turística de Ceuta.

Ceuta: la factura de gestionar 5.000 llegadas y quién la paga

Las dos soluciones que más suenan para la crisis migratoria en Ceuta apuntan a direcciones económicas opuestas. Una consiste en pagar por que la gente se marche; la otra, en cerrar todo lo que genera dinero con el país vecino. Y entre ambas, la cifra que ordena el debate es la que maneja el Gobierno: unas 5.000 personas llegadas de forma irregular.

A partir de ahí, el asunto abandona el terreno humanitario y entra en el de la cuenta de resultados. Cuánto cuesta sostener a alguien en una ciudad autónoma, cuánto cuesta devolverlo, y quién asume la factura cuando la salida elegida rompe relaciones comerciales de miles de millones.

Repatriación frente a acogida: la aritmética del retorno

La propuesta que gana adeptos por su lógica contable es la más simple: devolver a quien ha entrado de forma irregular en lugar de sostener su estancia. El argumento de fondo es que el coste de acogida —alojamiento, manutención, sanidad, seguridad— no es puntual, sino recurrente, mientras que el de un retorno se paga una sola vez.

En esa línea aparece una variante que roza el soborno como política pública: ofrecer 1.000 euros en metálico a quien acepte volver de forma voluntaria. El razonamiento que la sostiene es que sale más barato que mantenerlo aquí. La objeción es evidente: quien cobra por irse puede volver a intentarlo semanas después.

El pago por volver que Suecia ya pone sobre la mesa

El espejo que se cita con más insistencia es Suecia, con una ayuda de 30.000 euros para quien regresa a su país de origen. El dato se usa como prueba de que el retorno financiado es política real en Europa y no una ocurrencia de sobremesa. La letra pequeña, sin embargo, juega en contra: la mayoría de los destinatarios no ha hecho las maletas.

Ahí está el nudo. Un incentivo que no mueve a la gente no ahorra nada; solo suma un gasto nuevo al que ya existía. Y la pregunta que nadie resuelve con cifras es cuántos de esos 5.000 aceptarían un pago por marcharse y cuántos serían los primeros en volver a cruzar la frontera.

Boicotear a las empresas españolas en Jovenlandia

El otro gran eje económico del debate es la presión comercial. La idea es golpear donde más duele: las compañías españolas que operan en Jovenlandia. La lista que circula empieza por Inditex, la mayor presencia industrial española en el país, con red de proveedores y plantas entre Tánger y Tetuán.

Le siguen Gestamp, proveedor clave de Renault y de una industria que ensambla del orden de 700.000 vehículos al año, y Grupo Antolín en interiores de automóvil. La receta que se propone pasa por cerrar fronteras comerciales e incluso cortar suministros básicos. El problema es que Rabat tiene socios alternativos y esas empresas emplean a plantilla local.

Militarizar la frontera: coste y límite legal

La tercera vía es asegurar el perímetro. Fronteras militarizadas, estado de sitio y expulsión de quien no tenga documento español, permiso de residencia o contrato en vigor. El argumento jurídico que se repite es que la ley de fronteras es más antigua que la de extranjería y que bastaría con aplicarla.

Hay quien sostiene que, con voluntad política, el asunto se resuelve en 48 horas. En contra pesa que cualquier medida de expulsión pasa por el filtro judicial y que un despliegue militar permanente tiene un coste fijo que nadie ha puesto sobre el papel.

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Con estos mimbres, la pregunta de fondo ya no es cuál de las soluciones sale más barata, sino quién paga la más barata de todas y quién asume la factura de que salga mal.