El PP avala con el PSOE el fin del motor de combustión
¿Qué ha votado exactamente el Partido Popular en el Parlamento Europeo para que media España se lleve las manos a la cabeza? El grupo Patriots presentó una enmienda para suprimir el artículo 5 bis del nuevo reglamento europeo de emisiones de CO₂, el que fija una reducción obligatoria del 100 % en todos los vehículos nuevos respecto a los niveles de 2021 a partir de 2035. La propuesta cayó. Y cayó con los votos de populares y socialistas juntos, según el relato que ha circulado sobre la votación del 8 de mayo de 2025. Traducción: el coche de combustión tiene fecha de caducidad en Europa y las dos grandes familias políticas que se alternan en el poder han empujado en la misma dirección.
El resultado ha dejado un reguero de reacciones que van del cabreo a la resignación. La tesis dominante es que el PP y el PSOE son «dos caras de la misma moneda», que en Bruselas votan lo que en Madrid disimulan y que el electorado conservador se queda sin representación real en el asunto. La acusación no es nueva, pero el contexto la hace más incómoda: la misma formación que en España promete defender al motor de combustión acaba de avalar su entierro legislativo en Estrasburgo.
Qué dice el reglamento europeo de emisiones para 2035
El texto que salió adelante mantiene la prohibición total de motores de combustión para turismos nuevos a partir de 2035. No es una recomendación ni un objetivo indicativo: es una reducción del 100 % de emisiones respecto a 2021, lo que en la práctica equivale a cerrar la puerta a cualquier vehículo que queme gasolina o diésel. La enmienda de Patriots pedía eliminar ese artículo y dejar la transición en manos del mercado y de la evolución tecnológica.
El argumento de fondo que se repite es que la medida no responde a un cálculo económico sino a una
ideología climática que se impone por decreto. Se sostiene que provocará cierre masivo de fábricas, pérdida de cientos de miles de empleos —especialmente en países con tejido automovilístico como España— y una nueva vuelta de tuerca al empobrecimiento de las clases medias. La acusación de fondo: entregar la soberanía industrial europea a quien controla el litio y las baterías.
¿Por qué se acusa al PP de ser el «PSOE azul»?
La expresión se ha instalado con fuerza. El PP, según esta lectura, no comprende la parte no racional de la política: cree que basta con gestionar mejor que el PSOE y compra todos los mantras de la izquierda, incluidos los más desnortados, por miedo a ser señalado como fascista. El resultado es que cuando llega el momento de dar batalla en Bruselas, vota con quien dice combatir.
Hay una variante más dura: que el PP es incluso más peligroso que el PSOE, porque genera la ilusión de que al gobernar Feijóo todo habría sido un mal sueño. Y una tercera, más estructural: que a cualquier formación que dejen entrar en el juego le pasa lo mismo, porque cuando no interesa alguien se pone a trabajar la maquinaria de medios o los jueces. Atado y bien atado, vienen a decir.
El caso de las zonas de bajas emisiones añade leña. En Valladolid, el ayuntamiento del PP aprobó la ZBE alegando que era la forma de «cumplir la ley» de la manera «menos lesiva». En Madrid, en cambio, la queja es la contraria: la ZBE se extiende por la ciudad entera cuando bastaría con una calle peatonal de 600 metros para que Europa no multara. El agravio comparativo es evidente y alimenta la sensación de que las reglas se aplican según convenga.
El parque móvil envejece y nadie sabe qué coche comprar
Mientras la política fija fechas, el mercado hace lo que puede. El diagnóstico que se repite es que el parque automovilístico envejece imparable por una suma de factores: los coches de combustión nuevos son caros de adquirir y de mantener; los eléctricos empiezan a ser más accesibles pero siguen sin generar confianza en durabilidad, con marcas que se lavan las manos en garantía y postventa; y con la pérdida de poder adquisitivo, la gente estira el coche que ya tiene.
A eso se suma la sospecha técnica. Hay quien apunta que la electrificación masiva podría servir para que millones de coches enchufados absorban los picos de demanda cuando la producción solar y eólica se desmadra. Es decir, que el coche eléctrico funcionaría también como colchón del sistema, no solo como transporte.
La comparación internacional aparece una y otra vez. Los 340 millones de estadounidenses con vehículos de gran cilindrada no van a mover un dedo, y en cambio aquí se trata al ciudadano como si fuera discapacitado. La petición que se repite es simple: que alguien publique los estudios, los números y el análisis estratégico que justifica renunciar al petróleo importado, y si son creíbles, se compra el argumento. Hasta entonces, es fe.
¿Qué pasará con los coches de combustión que ya circulan?
La pregunta no tiene respuesta oficial. ¿Qué se hace con los millones de vehículos de combustión en circulación? ¿Los chinos, los árabes y los estadounidenses también van a ir en coches a pilas? ¿Los grandes patrimonios van a dejar sus yates y aviones privados para salvar el planeta? Son preguntas que se lanzan sin esperar contestación, porque la contestación no existe.
La otra incógnita es la infraestructura. Si se generaliza el coche eléctrico, ¿de dónde sale la electricidad y quién paga la red? Hay quien recuerda que cuando la generación renovable se va al límite, toca ir a patas a los sitios. Y quien ironiza con que las recargas se harán dándole a una manivela. El escenario de apagones permanentes y de una movilidad eléctrica dependiente de una red frágil no es una predicción, es un temor que circula.
El calendario imposible y la industria que se queda por el camino
La fecha de 2035 se ve, desde muchos lados, como un brindis al sol. Medidas a diez años que no se van a cumplir, aprobadas para justificar sueldos y titulares. La industria automovilística europea, mientras tanto, se pega un tiro en el pie: se despide, se cierran fábricas y se entrega un mercado que los fabricantes chinos están aplaudiendo con las dos orejas.
La pregunta que queda flotando es qué interés hay en legislar sobre una tecnología que, a ese volumen de decenas de millones de vehículos, resulta inviable. Porque los que han empujado la norma lo saben. Y si lo saben, la explicación no está en la física ni en la ingeniería.
Mientras tanto, la opción de largarse gana adeptos. En 2035, dice más de uno, ya estará en otro país rascándose la barriga al sol. Que le den a España y a los que siguen votando lo mismo. Con estos mimbres, el cesto se teje solo: los que pueden se van, los que no, estiran el coche viejo y esperan a que alguien recule. Como con las nucleares. Eso sí, no dimitirá nadie.