Booooommmmm!! La administración Trump publica por primera vez un informe que niega la crisis climática

EEUU publica un informe que cuestiona la crisis climática​

El Departamento de Energía de Estados Unidos ha publicado el borrador de Una revisión crítica de los impactos de las emisiones de gases de efecto invernadero en el clima de Estados Unidos, elaborado por el Grupo de Trabajo sobre el Clima. Según el mensaje inicial del hilo, es la primera vez que un gobierno cuestiona de forma explícita la existencia de una crisis climática y las medidas que la ONU y otros países respaldan para combatirla. El documento funciona, según ese mismo mensaje, como justificación científica de la decisión de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de rescindir la norma de 2009 que declaraba el CO2 una amenaza para la salud pública. El cambio de paradigma es de calado: donde antes había un gas que había que gravar, ahora hay un insumo que reverdece el planeta.

Qué dice el informe sobre el CO2 y el reverdecimiento​

El texto admite que el CO2 actúa como gas de efecto invernadero y calienta el clima, pero sostiene que los escenarios más utilizados han exagerado las tendencias de emisiones. A partir de ahí, el informe subraya que las concentraciones elevadas de dióxido de carbono potencian el crecimiento de las plantas, lo que contribuye al «reverdecimiento» y al aumento de la productividad agrícola. También apunta que reducen la alcalinidad de los océanos (menos pH), algo que se decía que podía dañar los arrecifes de coral, aunque la reciente recuperación de la Gran Barrera de Coral sugeriría lo contrario. La Asociación de Realistas Climáticos, formada por científicos españoles, ya había advertido de que los modelos climáticos globales ofrecen una orientación limitada sobre la respuesta del clima al aumento del CO2 y suelen exagerar el calentamiento en la superficie y en la troposfera baja y media.

Por qué la medida se lee como un ajuste económico​

La lectura económica del giro es la que más recorrido tiene. Si el CO2 deja de ser una amenaza para la salud pública, se cae el fundamento legal de buena parte de la regulación climática estadounidense y, por extensión, del argumento que la Unión Europea usa para justificar su normativa verde. Hay quien sostiene que el cambio de criterio responde a la presión de los intereses del petróleo y del gas, y quien responde que el lobby contrario —el de las subvenciones verdes— llevaba años vendiendo modelos catastrofistas sin rendir cuentas. El resultado práctico, en cualquier caso, es que Washington se descuelga del consenso regulatorio mientras Bruselas mantiene el rumbo.

El coste europeo de mantener el relato​

El punto donde el asunto deja de ser geopolítico y se vuelve doméstico es el bolsillo. La crítica más repetida no va contra la transición energética en sí, sino contra la forma de imponerla: normativas extremistas, impuestos verdes y propaganda sostenida para justificar medidas que ahogan la economía y arruinan a empresas y ciudadanos. El argumento de fondo es que Europa es responsable de una fracción mínima de las emisiones globales y que, sin embargo, es la región que más restricciones se autoimpone. Si las renovables son más baratas, razonan, acabarán imponiéndose solas, porque empresas y particulares son los primeros interesados en recortar costes.

Quién gana y quién paga con el nuevo marco​

La sospecha de fondo, repetida en varios tramos de la conversación, es que el clima ha servido como excusa fiscal y como herramienta de control. Se argumenta que el ecologismo estatal funciona como una palanca para subir la recaudación y laminar libertades, y que las élites occidentales lo usan para sostener un modelo que ya no se sostiene por sí mismo. Enfrente, la tesis contraria: que el calentamiento es real, que la transición ya no la mueven los argumentos ambientales sino los intereses económicos y geopolíticos, y que negarlo ahora es hacerle el trabajo a quien financia campañas. Entre ambos extremos, un dato incómodo: el consumo energético de China e India creciendo a ritmos que ninguna norma europea compensa.

El dato que descoloca​

El informe no cierra el debate, lo reabre en un terreno nuevo: si el CO2 no es una amenaza para la salud pública, la pregunta ya no es qué hacer con él, sino quién asumía el coste de tratarlo como si lo fuera. Y esa factura, en Europa, la lleva pagando el contribuyente desde hace años sin que nadie le haya enseñado todavía la letra pequeña.