Booooom: multas de hasta 900.000 euros para los rentistas usureros que se salten la ley de vivienda

Cataluña multa con hasta 900.000 euros el alquiler fraudulento​

El Govern de la Generalitat y el grupo parlamentario de los Comuns cerraron el 27 de enero de 2025 un acuerdo para aprobar el régimen sancionador de la ley de vivienda catalana de 2007. La norma, que se aprobó en el Consell Executiu del día siguiente y entró en vigor el miércoles, contempla multas de hasta 900.000 euros para las infracciones muy graves. Entre ellas, poner el alquiler un 30% por encima del índice de precios de referencia, no incluir la finalidad del contrato o simular un alquiler de temporada para esquivar el control de precios. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, sellaron el pacto en una reunión en la que también participó la diputada Susanna Segovia.

El acuerdo desatasca una de las exigencias de los Comuns para apoyar los Presupuestos de la Generalitat de 2025, que siguen sin presentarse por falta de apoyos. «Estaba incluida en nuestro acuerdo de investidura, y hoy podemos decir que lo hemos conseguido», celebró Albiach, que defendió que la medida servirá para evitar el uso fraudulento del alquiler de temporada, la fórmula más empleada para escapar de la regulación de precios. La aprobación del régimen sancionador antes del 31 de enero era la principal condición de la formación para seguir negociando las cuentas.

¿Qué se considera infracción muy grave?​

La norma catalana distingue tres supuestos que pueden acarrear la sanción máxima. El primero es cobrar un alquiler superior en más de un 30% al que marca el índice de precios de referencia. El segundo, no hacer constar la finalidad del contrato o incluir una finalidad fraudulenta, como el alquiler de temporada que en realidad esconde una vivienda habitual. El tercero, cargar los gastos de gestión al arrendatario. La norma se aprueba después de que la ley estatal de vivienda de 2023 dejara en manos de las comunidades autónomas el desarrollo del régimen sancionador.

La discusión en torno a la medida ha estado marcada por la discrepancia sobre su eficacia. Una parte de los análisis sostiene que el aumento de la presión sancionadora reducirá la oferta de alquiler, ya que algunos propietarios preferirán dejar la vivienda vacía o venderla antes que asumir el riesgo de una multa. Otra corriente defiende que el problema no es la oferta, sino el uso fraudulento de figuras como el alquiler de temporada, y que sin sanción ese fraude queda impune. En medio, hay quien recuerda que la ley catalana de 2007 ya contemplaba sanciones, pero su aplicación ha sido escasa.

El temor a que la oferta se retire del mercado​

El argumento más repetido entre los críticos es que la medida expulsará del mercado a los propietarios que alquilan a precios de mercado. «Nadie en su sano juicio alquilará nada», resume una de las posturas recogidas en la discusión, que añade que muchos arrendadores ya han optado por no renovar contratos y poner la vivienda en venta. El cálculo que se maneja en esos análisis es que, si el propietario no puede subir la renta según el mercado, el incentivo para mantener el piso en alquiler desaparece. La consecuencia, sostienen, sería menos oferta y precios más altos para los inquilinos que se queden.

La respuesta de los defensores de la medida es que el fraude no puede ser la válvula de escape del mercado. Si un propietario simula un alquiler de temporada para cobrar más, la sanción es la única forma de disuadirlo. En ese sentido, el acuerdo se presenta como una herramienta para evitar que la regulación de precios quede en papel mojado. La discusión, sin embargo, no ha resuelto qué ocurre con los propietarios que simplemente deciden no alquilar: la ley no les obliga a hacerlo.

¿Qué pasa con la vivienda vacía?​

Uno de los puntos que ha quedado fuera del foco principal es el de las viviendas vacías. En la discusión se ha señalado que las multas a la vivienda vacía también forman parte del paquete, aunque no se han detallado las cuantías. La ley catalana de 2007 ya preveía sanciones para los propietarios que mantuvieran pisos desocupados de forma injustificada, pero su aplicación ha sido limitada. La novedad ahora es el régimen sancionador completo, que incluye tanto el alquiler fraudulento como la desocupación.

El debate sobre la vivienda vacía conecta con el argumento de que el problema no es solo el precio, sino la cantidad de pisos que no salen al mercado. Si el propietario prefiere dejar el piso vacío antes que alquilarlo por debajo del precio que considera justo, la multa por desocupación puede empujarle a alquilar. Esa es la lógica que defienden los partidarios de la norma. Los críticos responden que forzar a alquilar a un propietario que no quiere hacerlo genera conflictos y contratos de baja calidad.

El pulso político por los Presupuestos​

El acuerdo tiene una lectura política inmediata: desbloquea una de las condiciones que los Comuns habían puesto para negociar los Presupuestos de la Generalitat de 2025. La formación había exigido la aprobación del régimen sancionador antes del 31 de enero, y el Govern cumplió el calendario. Eso no garantiza que las cuentas salgan adelante, pero elimina un obstáculo. La consellera Paneque y Albiach escenificaron el pacto en una reunión que también sirvió para reafirmar la voluntad de seguir negociando.

La ley de vivienda catalana de 2007 es anterior a la ley estatal de 2023, pero su régimen sancionador nunca se había desarrollado por completo. Ahora, con las multas de hasta 900.000 euros, Cataluña se sitúa entre las comunidades con un régimen más duro. Queda por ver cómo se aplica en la práctica: la inspección de vivienda tendrá que identificar los casos de fraude, y los propietarios podrán recurrir las sanciones. La discusión sigue abierta en el punto en que la teoría se enfrenta a la realidad del mercado.