Begoña Gómez, investigada por el software que registró a su nombre
¿Imputada o investigada? La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, figura como investigada en la causa que instruye el juzgado, que se ha ampliado por la querella de Hazte Oír, mientras la UCO se persona en la sede de Red.es en busca de correos por orden de la Fiscalía Europea. Lo que durante meses fueron titulares se ha convertido en un expediente con dos líneas abiertas: una estatal, otra europea. Y la pregunta ya no es solo qué hizo, sino cuánto aguanta el relato oficial.
El propio término genera pelea. Decir investigada es lo correcto en términos legales; decir imputada, según una corriente del debate, es marca del adversario. El resultado es el mismo: hay una persona con nombre y apellidos bajo investigación formal.
Qué investiga el juez y por qué no acepta el argumento europeo
La ampliación llega por la querella de Hazte Oír, que atribuye a Begoña Gómez los delitos de administración desleal, apropiación indebida, malversación e intrusismo. Los hechos que apunta ese escrito son distintos a los que investiga la Fiscalía Europea y van más allá de los que denunció Manos Limpias, que sostiene que el presidente del Gobierno era «conocedor y cooperador necesario» de los negocios de su esposa. Es una acusación de parte, no un hecho probado.
El juez tampoco ha comprado la tesis de que Bruselas se lleve el caso. En su auto califica de «conclusión interesada» la idea de que la Fiscalía Europea paraliza la instrucción y avisa de que mantiene **dos líneas abiertas** bajo su control con nuevos documentos incorporados. Traducido: el asunto no se queda quieto.
El software de la Complutense y las facturas que suman 40.000 euros
El núcleo patrimonial apunta a un programa informático. Según las informaciones publicadas, Begoña Gómez registró a su nombre **dos marcas de la Complutense y una web** desde marzo de 2020, y la universidad habría pagado más de **40.000 euros** en la plataforma que después se inscribió a su nombre, con facturas firmadas electrónicamente. La herramienta contó además con la colaboración desinteresada de Indra, Telefónica y Google, siempre según esas informaciones.
Aquí entra en escena la ley que aprobó el propio Gobierno. El artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario 2/2023 establece que los derechos de propiedad industrial e intelectual derivados del desempeño del personal universitario son patrimonio de la universidad, *en ningún caso de personas*. La paradoja, si se confirma, es de manual.
Barrabés, Red.es y el contrato que se habría pactado antes de licitarse
El otro frente es la contratación pública. El informe de la UCO destaca que Juan Carlos Barrabés no había logrado ningún contrato de Red.es hasta que le recomendó Begoña Gómez, y que ni antes ni después se otorgaron ayudas públicas desde ese organismo a Innova Next ni a otras empresas vinculadas al empresario.
A lo anterior se suma un documento que, según las informaciones, probaría que Barrabés y la Universidad Rey Juan Carlos pactaron un contrato antes de licitarlo, con un curso para 3.000 personas. Y la UCO ha entrado en la sede de Red.es en busca de correos por orden de la Fiscalía Europea.
Air Europa: el conflicto de interés vuelve al tribunal
El Tribunal Superior de Madrid ha admitido el recurso del PP por el conflicto de interés de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, cifrado en **475 millones de euros**. El tribunal revisa así la resolución que había salvado al presidente de esa acusación. Las reuniones de la esposa del presidente con el entonces consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, están en el centro del expediente. Una exdirectiva de la compañía ha confirmado en el Senado que enfrió su relación con Begoña Gómez «a raíz del rescate», al empezar a comentarse que la mujer del presidente «se pudo extralimitar».
El «fin de Sánchez» que llevamos una década anunciando
Hay un repaso que circula en el debate y conviene tener a mano. Desde 2014 se han sucedido los pronósticos sobre la caída del presidente: las primarias del PSOE contra Madina, su expulsión del partido, las primarias contra Susana Díaz, la moción de censura a Rajoy, dos elecciones generales, la pandemia, los indultos, la ley del sí es sí, la amnistía. En todos los casos el anuncio fue idéntico, según ese repaso, y el desenlace también. Los más cínicos añaden la coletilla de siempre: si no cae, se cambia la ley, se indulta o se aprueba otra amnistía y arreglado.
Con dos investigaciones abiertas, una europea y otra estatal, una esposa que registró a su nombre el software que pagó la Complutense y un rescate de 475 millones revisándose en los tribunales, el pronóstico más repetido sigue siendo exactamente el mismo: esta vez va en serio. Como las once anteriores.