Bizkaia registra la llegada de más de dos menas cada día

Bizkaia ha declarado la excepcionalidad en su sistema de acogida por la llegada continua de menores extranjeros no acompañados, superando las plazas disponibles y obligando a ofrecer solo techo y comida.

Que la cosa se pone fea es un eufemismo. El sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados en Bizkaia está hasta arriba, hasta el punto de que la Diputación Foral ha tenido que volver a declarar la situación de excepcionalidad. Esto no es algo nuevo, ya lo vivieron entre diciembre de 2024 y junio pasado, y ahora, casi un año después, la situación se repite. El motivo es sencillo: llegan más chicos y chicas de los que caben en los 17 centros que tienen habilitados.

La red de acogida, al límite

La cifra actual es de 594 menores extranjeros no acompañados acogidos, lo que supone una sobreocupación de casi el 50%, ya que las plazas disponibles son 406. Si echamos la vista atrás, la situación es casi idéntica a la que provocó la primera declaración de excepcionalidad hace casi dos años, cuando acogían a 602 menores. El problema no es un pico puntual, sino un goteo constante. Entre junio y agosto de este año, la entrada de nuevos menores ha sido de más de 2 cada día. Da igual el mes o la estación, la realidad es la misma: la red de acogida está tensionada al máximo.

La crisis migratoria de la década pasada ya supuso un primer gran desafío para Bizkaia. Entre 2018 y 2019 llegaron a alojar entre 500 y 600 menores a la vez, lo que obligó a ampliar los centros. Durante la pandemia, el flujo bajó, pero repuntó enseguida. Ya en septiembre de 2023, los centros empezaron a dar síntomas de saturación con 310 tutelados y solo 287 plazas disponibles. Desde entonces, las cifras no han hecho más que subir. La inversión pública también ha seguido el mismo camino, superando los 30 millones de euros el año pasado para sufragar el sistema de tutela, una cifra que se espera sea similar este año.

Un discurso que cambia

El aumento de llegadas y la inversión necesaria han provocado un giro en el discurso de la Diputación. Han pasado de una gestión casi opaca a poner la masificación de los centros en el centro del debate político. Hace dos años, la diputada general ya alertaba de que los centros "no dan más de sí". El mensaje se repite: "No hay control, nos llegan menores que deberían estar tutelados en otras comunidades", lamentaba la diputada de Acción Social hace unos meses.

Además de achacar falta de solidaridad a otras comunidades, especialmente las gobernadas por el PP, por no acoger un número adecuado de menores o facilitar su salida, también critican al Gobierno central por no ordenar y controlar mejor el reparto. Euskadi, junto a Cataluña, quedó exenta del reparto de menores llegados a Canarias el verano pasado, en parte por la presión del PNV y la saturación de sus centros. Ahora, se espera otro reparto de menores que permanecen en albergues de Ceuta, y aunque no se sabe cuántos llegarán a Euskadi, Bizkaia está expectante.

¿Efecto llamada o mafias?

Más allá del reparto de menores, hay otras razones que explican la saturación de los centros. Algunas voces apuntan a un posible "efecto llamada" del modelo de protección social vasco. Sin embargo, los responsables forales prefieren centrarse en otros factores. Uno de ellos son las "mafias" que, según ha denunciado la propia diputada general, trasladan a los menores hasta el territorio desde otros puntos de España. Otro punto preocupante es la detección de familias que abandonan a sus hijos para que queden bajo tutela pública, con varios detenidos ya, algunos de origen magrebí que viajaron desde Europa.

También existe la sospecha de que mayores de edad se hacen pasar por menores para ser acogidos. El Gobierno territorial ha solicitado en varias ocasiones a la Fiscalía que intensifique las pruebas de edad, estimando que hasta el 20% de los tutelados podrían tener más de 18 años.

Un protocolo cuestionado

Con este panorama, el Consejo de Gobierno foral ha reactivado el estado de excepcionalidad. Lo hace, además, contra el criterio del Ararteko, el Defensor del Pueblo vasco. En una resolución de este mismo año, el Ararteko criticó a la administración foral por ofrecer solo manutención en el centro de El Vivero, abierto temporalmente para paliar la saturación. Según el Ararteko, el protocolo foral no puede limitarse a "comida y cama", ya que la condición de menores y su desamparo exigen una protección especial. La Diputación, al ampararse en la situación de colapso, estaría vulnerando esta protección, dejando de lado medidas como la formación educativa o la ayuda para regularizar su situación, que dejan de ser obligatorias durante la excepcionalidad.