Bestial; amego segarro amenaza con machete a vecino, no creerás lo que pasó a continuación.

El vídeo del machete y el policía que no actúa​

Un vídeo difundido en redes muestra a un hombre exhibiendo un machete y profiriendo amenazas contra un vecino, mientras un agente de policía observa la escena sin intervenir, según la interpretación mayoritaria de quienes han visionado las imágenes. El vídeo circula como prueba de una supuesta dejación de funciones y ha desatado una oleada de indignación que va mucho más allá del incidente concreto.

La reacción no se ha hecho esperar. Hay quien sostiene que el agente debería haber desarmado al individuo, requisado el arma y procedido a su detención inmediata. Otros van más lejos y hablan directamente de delito de dejación de funciones, con consecuencias administrativas y penales. La discusión deriva rápidamente hacia una pregunta más incómoda: ¿a quién protege realmente la policía?

Qué dice el reglamento de armas sobre portar un machete​

El artículo 146 del Reglamento de Armas es citado de forma recurrente para recordar que queda prohibido portar, exhibir y usar fuera del domicilio cualquier clase de armas blancas, especialmente aquellas con hoja puntiaguda. La norma deja al criterio de las autoridades y sus agentes apreciar si el portador tiene o no necesidad de llevarlas consigo. Ese margen discrecional es, precisamente, el que se cuestiona cuando el portador esgrime el arma en plena calle y delante de un agente.

La comparación que más se repite en los comentarios es la del ciudadano al que se le requiere una navaja multiusos del tamaño de un llavero y se le propone una multa. El contraste entre esa rigidez y la aparente pasividad ante un machete de grandes dimensiones alimenta la sensación de doble rasero.

Las 500 expulsiones policiales en tres décadas​

Los datos sobre depuración interna tampoco ayudan a calmar los ánimos. Se maneja la cifra de 500 funcionarios expulsados desde 1996, lo que arroja un promedio de unos 17 al año sobre un colectivo de 3,5 millones de empleados públicos. La conclusión que extraen muchos es que la impunidad es la norma y la sanción, la excepción estadística.

El cálculo completo, desglosado por años y cuerpos, da una proporción que sorprende incluso a quienes ya contaban con ella. Para que un agente pierda la plaza, sostienen, hace falta algo más que una negligencia: hace falta una acumulación de conductas graves o un escándalo mediático de primer nivel.

El relato de la policía como enemigo del ciudadano​

Una corriente de opinión sostiene que las fuerzas de seguridad han dejado de ser un servicio público para convertirse en un aparato al servicio de intereses ajenos al ciudadano. La idea de que existe una nueva normalidad en la que el delincuente es protegido y el contribuyente, castigado, se repite con insistencia.

Frente a esta lectura, otra parte del análisis recuerda que la inacción de un agente concreto no puede extrapolarse a todo un cuerpo, y que la responsabilidad última recae en los mandos y en las órdenes políticas. La discusión sobre si el problema es el individuo, la institución o el sistema queda abierta.

La justicia por mano propia y el miedo insuperable​

En los márgenes del debate aparecen propuestas que van desde la denuncia formal con el vídeo como prueba hasta escenarios de justicia por mano propia. La vía legal, sin embargo, se percibe como inútil por quienes creen que la policía no va a proteger al denunciante. El miedo insuperable como eximente en un hipotético juicio es mencionado con retintín, medio en broma, medio en serio.

El punto exacto donde el análisis se atasca es siempre el mismo: si el agente no actúa delante de una cámara, ¿qué cabe esperar cuando no hay cámara?