Basuresos del sistema provocan accidentes de tráfico y no son sometidos a pruebas de drojas

El patrón que nadie investiga: coches policiales sin ITV y agentes sin test de drogas​

¿Se han preguntado alguna vez por qué cuando un vehículo policial se ve implicado en un accidente de tráfico la información sobre tests de alcohol o drogas brilla por su ausencia? La pauta se repite con una regularidad que invita al escepticismo: vehículos oficiales que circulan sin pasar la ITV, conductores que alegan “servicio urgente” y una investigación interna que casi nunca trasciende a los medios.

Un accidente que destapa el patrón​

El detonante fue un choque en pleno centro de Santander el pasado 15 de mayo. Un coche de la Policía Nacional y una furgoneta colisionaron, dejando a dos agentes heridos y el vehículo policial destrozado contra la fachada de un edificio. Lo que sigue es un patrón que se repite en distintas ciudades españolas: Palma, Valladolid, Torrejón de Ardoz, Cádiz, Orihuela Costa... Solo en el último año se han contabilizado decenas de siniestros con coches patrulla donde la titularidad del conductor es el único dato que falta en la noticia. ¿Se les practicó la prueba de drogas? La respuesta de los atestados suele ser un silencio administrativo.

La doble vara de medir en los controles​

El problema de fondo es doble. Por un lado, la falta de mantenimiento de los vehículos policiales. Según testimonios recogidos, algunos coches patrulla no pasan la Inspección Técnica de Vehículos desde 2007, a pesar de las reclamaciones de los propios agentes. Curiosamente, la Guardia Civil puede multar a la Policía Local por circular sin ITV, pero la sanción es simbólica: 150 euros y dos puntos de carné. Resulta irónico que quienes deben hacer cumplir las normas sean los primeros en incumplirlas.

Por otro lado, la exención de facto de los controles. En un caso documentado, un agente se dirigía a un servicio por un posible delito de violencia de género, lo que le eximía de cumplir determinadas normas de tráfico. Sin embargo, en la práctica, esta exención se ha convertido en una patente de corso para conductores que, en muchos casos, circulan con exceso de velocidad o bajo los efectos de sustancias. Un ejemplo: en una persecución en Valladolid, cuatro policías resultaron heridos tras alcanzar los 200 km/h en zona urbana. La noticia se centró en la “acción temeraria del delincuente”, obviando que el protocolo de persecución habría debido abortarse ante el riesgo para terceros.

La justicia, entre la indulgencia y la evidencia​

La justicia, por su parte, no es ajena a esta dinámica. En Palma, un juez acusó de homicidio imprudente a un policía local que atropelló a tres personas en 2022, concluyendo que conducía “con temeridad manifiesta”. La Fiscalía recurrió ante la Audiencia Provincial. En otro caso, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares rebajó el castigo a un agente implicado en un accidente laboral, lo que refleja una tendencia a la indulgencia cuando el infractor viste uniforme.

Mientras tanto, la pérdida de pruebas parece ser el último recurso: en un caso reciente, una muestra de sangre de una agente que atropelló a un peatón desapareció misteriosamente en el hospital. Así, la cadena de impunidad se cierra: primero no hay test, luego se pierde la prueba y finalmente el expediente se archiva por “diligencias indebidas”.

La conclusión es incómoda: mientras los conductores particulares soportan controles aleatorios y sanciones ejemplares, los agentes que se sientan al volante de vehículos oficiales gozan de una protección que no se sostiene con argumentos técnicos. El ciclo del guano –coche destrozado, conductor ileso, test inexistente– no parece tener fin. Y mientras tanto, las víctimas civiles esperan que alguien se atreva a preguntar lo que todos piensan: ¿a quién le importa la seguridad vial cuando el infractor lleva placa?