Ayuso gasta 63 millones en menas en un año: ¿efecto llamada o gestión necesaria?
La Comunidad de Madrid ha destinado 63 millones de euros en el último año a la atención de Menores Extranjeros No Acompañados (menas), una cifra que ha disparado el debate sobre la gestión migratoria del PP. Desde 2019, la región ha acogido a más de 10.000 menores, con un coste por plaza que supera los 70.000 euros anuales, según los contratos públicos revisados.
El coste por mena supera los 70.000 euros anuales
En noviembre de 2025, el Gobierno de Ayuso adjudicó un contrato para la atención de menas por valor de 24 millones de euros, lo que arroja un coste de casi 70.000 euros por menor al año. A ese se suman otros: en enero de 2026 se aprobó una partida de 37 millones para atender a 250 menas durante dos años, unos 74.000 euros anuales por plaza. El gasto total en menas en el último ejercicio alcanzó los 63 millones, incluyendo 32,3 millones adicionales para el acompañamiento educativo y alojamiento de jóvenes extutelados.
Comparativamente, el coste por mena en Madrid duplica el salario medio de un trabajador español, lo que ha llevado a algunos analistas a cuestionar la eficiencia del modelo. Otros señalan que la cifra incluye atención educativa, sanitaria y jurídica, y que es similar a la de otras comunidades.
PP rechaza priorizar a españoles en ayudas sociales
En octubre de 2025, el PP de Ayuso tumbó una propuesta de Vox que pretendía priorizar a los españoles en el acceso a servicios sociales y ayudas públicas. La decisión fue interpretada como un alejamiento de las tesis de la derecha más dura y una apuesta por mantener el actual modelo de acogida. Sin embargo, la misma semana se conocía que la Policía creía que un 'mena' jovenlandés que violó a una niña en Hortaleza era en realidad mayor de edad, reavivando las críticas por la falta de pruebas de edad sistemáticas.
Andalucía replica el modelo del PP madrileño
No es solo Madrid. La Junta de Andalucía, también gobernada por el PP, comprometió 38 millones de euros para crear 440 plazas para menas en dos años, manteniendo el mismo esquema de altos costes. Esto sugiere que la política de menas no es una excepción madrileña, sino una estrategia coordinada dentro del partido, a pesar de las críticas internas de sectores más conservadores.
Las pruebas de edad, el talón de Aquiles
El caso de Hortaleza puso sobre la mesa la falta de pruebas de edad fiables. Vox había solicitado tests óseos sistemáticos, pero el PP madrileño los rechazó. La Policía concluyó que el detenido era mayor de edad, lo que implicaría que no debería haber estado en el sistema de protección de menores. Este tipo de situaciones alimentan la percepción de que el sistema es permeable a embelecos, aunque desde el Gobierno regional defienden que siguen los protocolos internacionales.
En definitiva, el gasto en menas en Madrid crece sin que exista un consenso claro sobre su efectividad. Mientras el PP se distancia de Vox en Extremadura y en otras políticas, la gestión de la inmi gración menor de edad sigue siendo un frente abierto entre las dos derechas.
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