ALMERIA: hay que PROHIBIR las casuchas en LA fruta NADA

Urbanismo en Almería: ¿prohibir las casas en el campo?​

La misma lógica que permite construir una vivienda en una sierra aislada es la que luego deja al propietario sin servicios básicos y expuesto a riesgos naturales. El debate sobre la ordenación territorial en Almería ha resurgido con fuerza, enfrentando dos posturas irreconciliables: la del ciudadano que reclama el derecho a edificar donde le plazca y la de quienes exigen un urbanismo estricto que concentre la edificación en zonas aptas.

El coste de la dispersión urbanística​

Las viviendas aisladas en parajes remotos implican un gasto público desproporcionado en carreteras, saneamiento y emergencias. Además, suelen ubicarse en ramblas o laderas con riesgo de inundación o deslizamiento, como recordó airadamente un análisis que puso como ejemplo las consecuencias de la falta de planificación en la cuenca del Turia. «Un edificio de 10 plantas junto a un cauce bien encauzado no genera problemas», se argumentó; el verdadero peligro son «las casuchas sin planificación en ramblas». La solución, según esta corriente, pasa por un diseño urbano milimétrico que solo permita construir en los entornos realmente adecuados.

Libertad individual frente a planificación​

Frente a la tesis planificadora, otros defienden el derecho a vivir en el campo con la misma naturalidad que en la ciudad. «La corte cría necesidades; el campo, hombres», se citó para respaldar el arraigo rural. Sin embargo, los partidarios de la regulación contraatacan señalando que esa libertad mal entendida genera problemas de seguridad y especulación: «¿cómo se puede consentir que especuladores levanten casuchas en la cima de serranías perdidas?». El debate, lejos de cerrarse, apunta a la necesidad de un plan urbanístico integral que equilibre derechos individuales y colectivos.

La asignatura pendiente del urbanismo español​

España arrastra una tradición de urbanismo expansivo y poco riguroso, especialmente en zonas costeras y rurales. Almería no es una excepción: la presión por construir segundas residencias o viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable ha generado un paisaje salpicado de edificaciones aisladas. Sin un marco normativo claro y con una aplicación laxa de las normas, el resultado es un territorio fragmentado, caro de mantener y vulnerable a catástrofes. El dilema sigue abierto: ¿más planificación o más libertad? Los argumentos de un lado y otro evidencian que el consenso está lejos.