Alemania declara a AfD organización extremista y abre la vía a su prohibición
La Oficina Federal de Protección de la Constitución ha calificado oficialmente a Alternativa para
Alemania (AfD) como organización «extremista de derechas». No es una etiqueta retórica: es un dictamen de más de 1.000 páginas, resultado de tres años de trabajo, que habilita la vigilancia permanente de sus reuniones y comunicaciones y reaviva los intentos —hasta ahora frustrados— de ilegalizar la formación. La decisión llega cuatro días antes de la investidura de Friedrich Merz como canciller y con AfD convertida en segunda fuerza del Bundestag, con 152 diputados, un 20,8% de los votos y 10,3 millones de sufragios.
El argumento de los servicios de inteligencia alemanes es que la idea de pueblo que defiende AfD, basada en los orígenes étnicos, «devalúa grupos de población enteros» y viola su dignidad humana. Según los vicepresidentes del organismo, Sinan Selen y Silke Willems, esa concepción «no es compatible con el orden fundamental democrático, tolerante y liberal». El dictamen se apoya en la Ley Fundamental de 1949, que permite prohibir partidos que tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen de libertad y democracia.
Qué cambia a partir de ahora para AfD
La calificación amplía a todo el partido lo que ya se aplicaba a sus secciones en Turingia, Sajonia y Sajonia-Anhalt. AfD ya era considerada un «caso muy sospechoso de extremista de derechas» desde mayo de 2024, tras una decisión del Tribunal Superior Administrativo de Renania del Norte-Westfalia. Ahora el paraguas se extiende al conjunto de la formación en todo el país.
El efecto inmediato es doble. Por un lado, la vigilancia de reuniones y comunicaciones. Por otro, el refuerzo del cordón sanitario: los democristianos que coqueteaban con suavizarlo lo tendrán más difícil. En los próximos días se comprobará en el Bundestag, donde deben elegirse los presidentes de comisiones, que históricamente ocupaba el primer partido de la oposición.
¿Se puede prohibir un partido que vota el 20% de los alemanes?
El procedimiento no es sencillo. Decide el Tribunal Constitucional y solo puede hacerlo a petición del Gobierno federal, el Bundestag o el Bundesrat. No basta con que un partido tenga una visión anticonstitucional: debe demostrarse que quiere imponerla de forma «combativa y agresiva». El último intento, en febrero, fracasó.
Hay quien sostiene que la medida es un reflejo del carácter defensivo de la democracia alemana, extraído de los doce años de nacionalsocialismo. En contra pesa el argumento de que prohibir a una formación que representa a una parte relevante de la sociedad plantea un debate incómodo sobre los límites mismos del sistema. Los sondeos indican que, de celebrarse hoy elecciones, AfD sería la fuerza más votada.
El eco en España: de Vox a la ilegalización de Batasuna
La comparación con España ha sido constante. Hay quien señala que Vox sería el equivalente español y que la decisión alemana anticipa movimientos similares. Otros recuerdan que en España ya se ilegalizaron partidos como Herri Batasuna, el Partido Comunista Reconstituido o ENE, y que quienes ahora critican la medida aplaudieron entonces.
La discusión deriva hacia el significado mismo de la democracia. Una corriente defiende que la democracia moderna ilegaliza a los partidos contrarios a los derechos humanos y la igualdad. Otra sostiene que un sistema representativo no es una democracia real y que el poder concentrado tiende a la tiranía. Y una tercera apunta que prohibir la opción política de millones de personas puede acabar radicalizando a ese electorado en lugar de diluirlo.
Con estos mimbres, el cesto que salga del Bundestag en las próximas semanas dirá si la etiqueta se queda en vigilancia o si alguien se atreve a dar el paso que en febrero no se dio. La democracia defensiva tiene estas cosas: para protegerse, a veces enseña los dientes. Y otras veces solo los muestra.