Alcalde de Orense, "ojalá despido libre para funcioratales"

Jácome carga contra sus funcionarios: «un porcentaje grande no trabaja»​

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha desatado la polémica al afirmar sin tapujos que «hay un porcentaje grande de funcionarios que no trabaja y se escaquea» y que «ojalá existiera el despido libre» en el sistema funcionarial. La declaración, realizada en un acto público, ha reabierto el debate sobre la productividad en la Administración y la rigidez de las estructuras públicas.

El diagnóstico del alcalde: escaqueo y falta de herramientas​

Jácome, conocido por su estilo directo y polémico —también por su afición a publicar vídeos en redes sociales—, no se anduvo con rodeos. Según denunció, una parte significativa de los empleados de su ayuntamiento «están todo el día esforzándose por trabajar menos». El regidor considera que la actual legislación no permite actuar contra quienes eluden sus obligaciones y reclama un marco que permita despedir libremente a funcionarios que no rindan.

La propuesta ha dividido aguas. En un extremo, quienes la ven como una confesión necesaria: «Por fin alguien dice la verdad. Le van a caer hostias de todo el rojerío», resumía un comentario. En el otro, quienes sospechan que el alcalde solo busca colocar a los suyos: «No os engañéis, este lo que quiere es poner a los suyos», advertía otro participante en el debate.

El choque de visiones: eficiencia versus independencia funcionarial​

Detrás de la bronca emerge un dilema clásico de la Administración pública. Los defensores del actual sistema argumentan que la inamovilidad del funcionario protege frente a la arbitrariedad política: «A los funcionarios no se les puede despedir libremente para que defiendan a la administración de los políticos. El sueño húmedo de cualquier político es poder despedir a los funcionarios probos que se niegan a estampar sus firmas ante los chanchullos», sostiene una voz con experiencia en el sector.

En la otra orilla, los críticos apuntan a la falta de incentivos para trabajar: «En las privadas, el que no vale se va a la puta calle porque puede hundir a la empresa». Y recuerdan que, según el Estatuto Básico del Empleado Público, ya existen herramientas como la evaluación del desempeño (artículo 20) y sanciones que pueden llegar a la separación del servicio por faltas muy graves (artículo 96). «El problema es que los responsables no fijan objetivos, no miden, no documentan y no tramitan expedientes. Si el alcalde afirma que es un porcentaje grande, que publique datos de absentismo, productividad y procedimientos abiertos», replicaba un análisis más técnico.

El nudo gordiano: enchufes, oposiciones y productividad real​

El debate no se queda en el despido libre. Por el camino afloran las denuncias de enchufismo: «La mayoría de ellos enchufados, conozco a unos cuántos, todo hijos de», se queja un participante. Otro apunta a la inutilidad de muchas plazas: «Líquidas diputaciones, que consumen el 50% del presupuesto en sueldos. Líquidas 7700 ayuntamientos y dejas 300». Y se citan ejemplos concretos: un ayuntamiento de 1300 empleados públicos con un 30% de baja los lunes y viernes, o la confesión de un jefe de informática de una empresa pública que reconocía que con 25 funcionarios bastaba para hacer el trabajo de 100.

En paralelo, se critica el sistema de oposiciones, a veces diseñado para que nadie apruebe: «Muchas oposiciones son máquinas de cargarse aspirantes a plaza que se han dejado los codos en carne viva estudiando», cuenta otro forero.

El dato que descoloca​

Mientras la discusión se caldea, el alcalde omite una variable incómoda: las cifras de absentismo y productividad de su propio ayuntamiento. Sin esos números, su propuesta suena más a eslogan que a plan de gestión. Y mientras tanto, en Ávila o León, los datos de bajas selectivas sugieren que el problema existe, pero el despido libre —como recuerdan los escépticos— es un arma de doble filo que podría servir para purgas políticas y no para mejorar el servicio.