AJEWSO da un ULTIMATUM a la podemitada para desalojar SOL.

Ayuso da 48 horas para desalojar Sol y la Delegación no se mueve​

La Comunidad de Madrid ha dado un ultimátum de 48 horas a la Delegación del Gobierno para que la Policía Nacional desaloje la acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol. El requerimiento, remitido este martes, amenaza con acudir a la justicia si la Administración central no despliega agentes. Desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso califican la concentración de «ilegal» y le atribuyen «importantes perjuicios» a vecinos y comerciantes. La Delegación respondió reafirmando su compromiso de «continuar velando por la seguridad ciudadana en la acampada» y reclamando respeto al derecho de reunión.

¿Quién puede desalojar realmente la Puerta del Sol?​

Formalmente, la Policía Nacional depende de la Delegación del Gobierno, no de la Comunidad. De ahí el problema: el ultimátum autonómico no es una orden ejecutable, sino un aviso de que se recurrirá a los tribunales para forzar a otra administración a moverse. Es el tipo de pulso que en la práctica se resuelve más en el juzgado que en la calle.

El Ayuntamiento de Madrid ha elevado la misma reclamación para que la concentración se disuelva «de forma inmediata», alegando que se convocó sin comunicación previa y por riesgo para la seguridad. Tres administraciones, dos de ellas gobernadas por el PP, apuntando a una tercera que responde a Moncloa. Nadie firma la orden.

El coste para comercios y turismo, sin cifra oficial​

El argumento económico es el que más peso tiene en el relato institucional: pérdidas para los comerciantes, un lugar «atractivo para el turismo» convertido en campamento y una plaza emblemática ocupada. Ayuso lo resumió hablando de un escenario que «hace polvo a los comerciantes y a la normalidad». No hay, en lo difundido hasta ahora, una cuantificación del daño; solo la afirmación del perjuicio.

A eso se suma el ruido. Entre las escenas que circulan en los mensajes, la más llamativa es la de las campanas del reloj de Sol sonando cada cuarto de hora durante la noche, un recurso de presión sonora que algunos celebran como jaque mate y otros consideran una agresión directa a los vecinos de la zona.

Ilegalidad frente a derecho de reunión: el punto que sigue abierto​

La acusación de ilegalidad se apoya en la falta de comunicación previa. La defensa se apoya en que el derecho de reunión no exige autorización, solo comunicación, y en que la intervención policial debe ser proporcionada. Hay quien sostiene que la respuesta habría sido otra ante convocatorias con un perfil distinto de participantes; es una tesis que circula sin prueba y que ninguna de las partes ha asumido oficialmente.

En paralelo, se difunde en redes una convocatoria de acampada frente a la sede federal del PSOE, en Ferraz, para el 11 de octubre de 2026. La réplica simétrica que algunos ya preparan mientras las campanas siguen sonando.

Con las 48 horas corriendo, el asunto queda exactamente donde empezó: en si la justicia concede medidas cautelarísimas y en quién da la orden. Y en si alguien está dispuesto a darla.