Agente inmobiliario quiere cobrarme 250 euros por gastos de buscarme piso en un pueblo.

250 euros por buscar piso: ¿gasto legítimo o abuso?​

Un agente inmobiliario reclama 250 euros a un comprador por "gastos de búsqueda" después de que este descartara la única vivienda visitada. Sin contrato firmado, el comprador se enfrenta a un dilema: pagar por un servicio no formalizado o negarse y arriesgarse a un conflicto legal.

El caso: tres semanas de llamadas y una visita fallida​

Según el relato del afectado, el agente contactó insistentemente ofreciendo pisos en un pueblo, pese a que el encargo inicial era vender su vivienda actual. El agente dedicó tres semanas a coordinar citas y enviar fotos, pero la única visita realizada fue a un piso con escaleras que el comprador descartó. El resto de los inmuebles no pudieron visitarse porque la agencia local se negaba a compartir comisión con el intermediario. Tras el plantón en una cita, el comprador decidió romper la relación, momento en que el agente reclamó 250 euros por los gastos incurridos.

¿Es legal cobrar por gestión sin éxito?​

En el sector inmobiliario español, la comisión se suele percibir solo al cerrarse la operación, salvo que exista un contrato específico de servicios de búsqueda. La ausencia de acuerdo escrito juega a favor del cliente: sin cláusula que estipule honorarios en caso de no compra, reclamar estos gastos es jurídicamente débil. Sin embargo, el agente argumenta que su tiempo y coordinación tienen valor, aunque el resultado no haya sido positivo. La postura mayoritaria entre expertos consultados es que, sin contrato, el pago no es exigible, mientras que una minoría defiende que todo trabajo merece remuneración si fue aceptado tácitamente.

Lecciones para consumidores: decir no a tiempo y por escrito​

El caso ejemplifica cómo la insistencia de un profesional puede llevar a aceptar servicios no deseados. El comprador admite que no supo negarse. La lección es clara: cualquier gestión inmobiliaria debe formalizarse por escrito, especificando costes y condiciones. Los 250 euros, aunque no son una cantidad desorbitada, representan el precio de no haber puesto límites claros. La OCU recomienda desconfiar de intermediarios que trabajan "de palabra" y siempre pedir presupuesto previo.

El afectado ha optado por pagar para evitar problemas, pero antes consultará a un abogado. La decisión final dependerá de la interpretación legal, pero el daño ya está hecho: tres semanas de esperanzas y un dinero que probablemente no recuperará.

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