afectado del test de drojas reclama una indemnización de 30.000 euros al entender que “el perjuicio moral y económico ha sido muy alto”

Un falso positivo en un test de drogas: ¿vale 30.000 euros el perjuicio?​

¿Qué haría usted si un test de saliva le arruina el trabajo y la reputación durante meses, y luego resulta que no consumió nada? Eso es lo que alega un conductor de Pamplona, que reclama 30.000 euros al Ayuntamiento por los daños morales y económicos sufridos tras dar positivo en cocaína en un control policial. La prueba de saliva dio positivo, pero posteriores análisis de sangre confirmaron que era un falso positivo. El conductor, que se enfrentó a una multa de 1.000 euros y a la suspensión del permiso, sostiene que la actuación de la Policía Municipal fue negligente.

El sistema de los test de saliva: ¿fiabilidad o recaudación?​

Los test de drogas en saliva se han convertido en una herramienta habitual en los controles de tráfico. Pero su fiabilidad genera dudas. En el caso pamplonés, el conductor afirma que se le trató como a un criminal y que el test inicial fue un error. La sanción por positivo en drogas es de 1.000 euros, sin posibilidad de pronto pago, lo que obliga a recurrir o a pagar el total. Muchos optan por pagar para evitar trámites, aunque pierden el derecho a reclamar. Quienes recurren, como este conductor, se enfrentan a un proceso largo y costoso.

El debate se intensifica con casos similares. El más citado es el de un conductor de autobús escolar en León, suspendido 55 días por un falso positivo de cocaína que luego resultó ser un antitusígeno. La noticia saltó a los medios y el laboratorio confirmó su versión. También hay el caso de un camionero de mercancías peligrosas que dio positivo en el test de saliva pero negativo en sangre. La pregunta es recurrente: ¿cuántos conductores han sido multados injustamente?

El laberinto del lucro cesante y el daño moral​

Para reclamar una indemnización, el afectado debe probar el lucro cesante. En el caso de los taxistas, se puede estimar en base a ganancias de periodos similares, pero para otros vehículos es más complejo: hay que demostrar contratos pendientes. La reclamación de 30.000 euros incluye daño moral y pérdidas económicas. Algunos consideran que debería ir contra el fabricante del test, no contra el Ayuntamiento, pero otros señalan que la administración es responsable por usar pruebas poco fiables.

El cálculo de indemnizaciones es polémico. Hay quien opina que 30.000 euros se quedan cortos si se incluye el daño a la reputación y el estrés. Otros creen que es una cantidad excesiva para un error que podría haberse evitado con una contraprueba rápida. El sistema judicial español, según algunos análisis, tiende a fallar a favor de la administración, lo que hace difícil que el conductor cobre. Como ironía, si el Ayuntamiento pierde, pagarán los contribuyentes, no los agentes.

Anécdota curiosa: la contaminación deliberada​

Entre las reacciones al caso, surge la ocurrencia de algunos conductores que bromean con contaminar la prueba de saliva para luego denunciar. “Voy a meterme un cogollito en la boca en cuanto vea el control”, se lee. La gracia tiene fondo serio: si los test son tan poco fiables, cualquier persona podría ser víctima de un error. La confianza en el sistema se resiente.

Con estos precedentes, el conductor pamplonés tiene una batalla cuesta arriba. Los tribunales deberán decidir si el Ayuntamiento actuó negligentemente o si el test era correcto pero el laboratorio se equivocó. Mientras tanto, el caso sirve de advertencia: ante un positivo, pida siempre la contraprueba de sangre y no pague la multa sin recurrir. Porque al final, el que paga es usted, aunque sea inocente.

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