Adiós a la cerveza en el parque de bolas: las claves de la última norma de mónica garcía

Adiós a la cerveza en el parque de bolas: así es la norma​

La ministra de Sanidad, Mónica García, presentó este martes las claves del Proyecto de Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y sus efectos en los menores de edad, una norma cuyo borrador se conoció el pasado verano y que ahora inicia su andadura parlamentaria. El texto prohíbe beber alcohol en «centros deportivos, de ocio o espacios dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones que se hayan concebido específicamente para personas menores de edad». Traducido: en un parque de bolas con bar anexo, no habrá dispensación de alcohol. En la presentación de las líneas generales, Javier Padilla puso el ejemplo de los conciertos: en uno de Aitana se podrá beber; en uno de la cantante infantil Luli Pampín, no.

El anuncio ha caído como un jarro de agua fría en buena parte del público. No por el fondo —nadie defiende que un adulto se ponga ciego entre toboganes— sino por la sospecha de que se legisla para aparentar. La queja más repetida no es que la medida sea inútil, sino que resuelve un problema que casi nadie ha visto de cerca.

¿Qué prohíbe exactamente la nueva ley del alcohol?​

El texto no se limita a los parques de bolas. La norma incluye programas educativos, restricciones en la venta y suministro de alcohol y regulaciones sobre la publicidad, además de la prohibición de consumir en centros educativos, eventos deportivos y en presencia de menores. Es decir, el perímetro se extiende a cualquier espacio donde haya sesiones concebidas para niños.

La clave está en la interpretación. Un local de ocio infantil con bar queda afectado; un concierto para adultos, no. El criterio es la naturaleza del espectáculo, no la presencia puntual de un menor. Ahí empieza el laberinto: ¿qué pasa con una terraza de bar junto a un parque público? ¿Y con una fiesta privada en un local alquilado donde los padres llevan su propia bebida?

La duda sobre el alcance real del texto es, de hecho, una de las líneas más repetidas. Hay quien sostiene que las fiestas privadas quedan fuera; otros apuntan que la norma obligará a los locales a elegir entre el cumpleaños infantil y la barra. Nadie lo sabe todavía, porque el texto inicia ahora su tramitación parlamentaria.

El argumento de los padres: «nadie se emborracha en un cumpleaños»​

La objeción más repetida no niega el problema del alcohol. Lo acota. La experiencia de quien ha organizado o asistido a decenas de cumpleaños en parques de bolas es que los adultos se toman «dos quintos y ya», en vaso de plástico, encima de la tarta, y no pasa nada. El ambiente no invita a más. Y si alguien se pasa, el problema no es la barra, es esa persona.

De ahí surge el reproche de paternalismo. La educación de los hijos, se argumenta, es cosa de las familias. El Estado no pinta nada ahí salvo que no haya otro remedio, y este es un mal remedio. La comparación que más circula es la del tabaco: se prohibió fumar en espacios infantiles y se aceptó; ahora se prohíbe beber y se percibe como una vuelta de tuerca más sobre el mismo terreno.

El contraargumento es igual de directo: donde hay niños no debería haber alcohol, y punto. No por el crío que ve una cerveza, sino por el adulto que se pasa y acaba montando el espectáculo delante de ellos. La escena del padre o la madre que ha pillado la barra y se pone hasta arriba en un cumpleaños existe, aunque no sea la norma.

El impacto económico en los locales de ocio infantil​

Aquí el debate se vuelve crematístico. Muchos de estos negocios apenas se mantienen, y la barra es una parte relevante del margen. Si el local no puede vender alcohol durante las sesiones infantiles, la estocada puede ser definitiva para algunos. La alternativa que se dibuja es la de siempre: los padres alquilan el espacio, llevan su propia comida y bebida, y el local se queda sin ese ingreso.

La paradoja no se le escapa a nadie. Si el objetivo es que los niños no vean beber a los adultos, prohibir la venta en el bar no impide que el padre se lleve su cerveza en una bolsa térmica. Y si el objetivo es proteger al menor del consumo, la norma no toca ni una sola lata que entre por la puerta.

La comparación con el azúcar aparece sola. Las bebidas azucaradas seguirán permitidas en esos mismos locales, con el hábito que generan. La coherencia del criterio sanitario queda, como mínimo, en entredicho.

La sospecha de fondo: legislar para aparentar​

La crítica más dura no va contra la medida concreta, sino contra el método. Se legisla, se acumulan normas sobre normas, y al final se regula lo nimio mientras quedan sin tocar asuntos de mucho más calado. La sensación de que se prohíbe por prohibir, de que se busca un titular y no un resultado, recorre buena parte de las intervenciones.

Hay quien va más allá y lo enmarca en una deriva general: la de un Estado que se mete en la cerveza que te tomas mientras tu hijo juega. Y hay quien responde que ese marco es exagerado, que una norma sanitaria no convierte a nadie en totalitario, y que el problema real es que no existe un problema real que justifique la norma.

El dato que descoloca es que la venta de alcohol a menores ya estaba prohibida antes de esta ley. La prohibición de beber en la calle también. Cada nueva norma añade una capa sobre algo que ya estaba regulado, y eso alimenta la tesis de que el objetivo no es tanto el efecto como el gesto.

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Queda por ver qué sobrevive al trámite parlamentario. La previsión más razonable, a la vista de cómo se han gestionado normas similares, es que el texto se suavice en los detalles y mantenga el titular. Si el resultado final cambia algo en la práctica o solo añade una prohibición más al catálogo, es algo que no se sabrá hasta que la ley salga del Congreso.