Laboral: Adiós a INFOJOBS SALARIO SEGÚN CONVENIO: El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que traspone la directiva sobre condiciones transparentes

Adiós a INFOJOBS SALARIO SEGÚN CONVENIO: El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que traspone la directiva sobre condiciones transparentes
RESUMEN

Las empresas ahora deben informar detalladamente sobre el salario, la jornada y otros aspectos cruciales del contrato, y no solo remitirse al convenio colectivo.

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a un real decreto que, tras años de retraso, adapta la normativa española a una directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. Esto significa que las empresas tendrán que ser mucho más explícitas a la hora de informar a sus empleados sobre lo que firman. Se acabó la letra pequeña o las referencias genéricas; ahora, lo esencial del contrato tendrá que estar negro sobre blanco.

Más allá del convenio colectivo

Hasta ahora, muchas veces bastaba con decir "se aplica el convenio X" para zanjar la explicación de las condiciones. Pues bien, eso ya no vale. La nueva regulación obliga a desglosar el salario base y todos los complementos. Si hay cantidades variables, como bonus o comisiones, habrá que explicar cómo se calculan y bajo qué criterios se cobran. Las dietas, la periodicidad y hasta el método de pago también deben quedar claros. Y ojo, si un trabajador quiere saber cómo se calcula su parte variable, podrá pedir esa información concreta a la empresa, siempre que el contrato no lo especifique ya. Cualquier cambio en las condiciones laborales deberá comunicarse por escrito al momento de producirse. El contrato, además, tendrá que reflejar su vigencia, el domicilio social de la empresa, el centro de trabajo, el contenido de la prestación laboral y la categoría o grupo profesional.

Transparencia en la jornada y el uso de algoritmos

La jornada laboral también se somete a un escrutinio mayor. Se deberá detallar su duración y cómo se distribuye el tiempo de trabajo. Si hay circunstancias que permitan modificarla, habrá que explicarlas. Las horas extraordinarias y su retribución también entran en el paquete. En casos de distribución irregular de la jornada, el contrato deberá especificar cómo se determina y cuáles son los periodos mínimos de preaviso. Para los fijos-discontinuos, la información se extiende a los periodos de actividad e inactividad previstos. Incluso el tiempo dedicado a la conciliación y corresponsabilidad tendrá que ser tenido en cuenta.

Una de las grandes novedades es el control sobre el uso de algoritmos. Las empresas que empleen sistemas algorítmicos para tomar decisiones sobre asignación de tareas, turnos, salario, promoción o incluso la extinción del contrato, deberán informar de ello. Se busca así dar más transparencia a decisiones que afectan directamente a la plantilla. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que esta medida pretende atajar fraudes, como los relacionados con el periodo de prueba. De hecho, se apunta que un 75% de las empresas revisadas han cometido irregularidades en este aspecto. La duración del periodo de prueba, ya sea el legal de seis meses o uno superior fijado por convenio, deberá especificarse claramente, justificando las extensiones si las hubiera.

Supuestos específicos y accesibilidad

La norma también piensa en casos particulares. Toda la información debe ser accesible para personas con discapacidad. Se establecen reglas específicas para quienes trabajan en el extranjero, detallando la moneda de pago. Los trabajadores del sector de la pesca verán reforzada la información sobre sus descansos, y los de la marina mercante recibirán condiciones concretas, por ejemplo, en caso de repatriación por accidente. El Gobierno ha tenido que apresurarse para trasponer esta directiva, que debía estar en vigor desde el 1 de agosto de 2022, para evitar un expediente sancionador por parte de la Unión Europea.

Datos clave
  • Real decreto que traspone directiva europea.
  • Obligación de detallar salario, jornada y uso de algoritmos.
  • Adaptación al ordenamiento jurídico español.
  • Fecha límite de transposición: 1 de agosto de 2022.
  • Ministra de Trabajo: Yolanda Díaz.
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