Actualizamos: llevamos mas de 100 perecidos en Ceuta (rtve) por el efecto llamada de Sánchez. ¿Ha perdido la humanidad el cafre? ¿Va a pedir perdón?

Ceuta supera los 100 muertos y la factura política del efecto llamada se dispara​

La crisis migratoria de Ceuta ha entrado en una fase que ningún responsable político quiere contabilizar: la cifra de cadáveres recuperados en el mar y las playas supera ya el centenar, según las informaciones difundidas por RTVE y recogidas en medios como El País y Europa Press. Los primeros balances oficiales hablaban de 57 víctimas mortales; luego la suma de cuerpos localizados por la Guardia Civil y la policía marroquí elevó la cifra a 84, y la televisión pública ha acabado manejando un balance de unos 100 fallecidos. El Gobierno no ha comparecido para dar una cifra cerrada, y la oposición ya habla de «efecto llamada».

Lo que arrancó como una crisis fronteriza de 50.000 entradas irregulares, de las que 48.300 personas habrían retornado de forma voluntaria a Marruecos hasta las 18.00, se ha convertido en una factura política y económica que se le atraganta a todos los actores. La acusación de que la política migratoria del Ejecutivo incentivó la avalancha choca con la tesis de que Marruecos orquestó una operación de presión. En medio, los damnificados de la ciudad autónoma y las familias de los fallecidos siguen esperando una disculpa pública y un plan de compensación que no llega.

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La escalada de víctimas: de 57 a 100 en cuestión de horas​

La progresión de los datos ha sido vertiginosa. El primer recuento oficial situaba en 57 los cadáveres recuperados en aguas de Ceuta tras la entrada masiva. Poco después, la suma de cuerpos localizados por la Guardia Civil y las autoridades marroquíes elevaba el balance a 84, según publicaba Nuevatribuna. Horas más tarde, la propia RTVE hablaba de unos 100 cuerpos encontrados, mientras la Guardia Civil continuaba peinando el litoral.

Esa disparidad alimenta la suspicacia. Hay quien sostiene que la cifra real es mayor y que los balances oficiales se irán actualizando; otros, escépticos con el relato oficial, cuestionan incluso los recuentos, señalando que en los vídeos difundidos se aprecian menos personas de las que figuran en los balances. Lo único indiscutible es la magnitud del drama: cientos de personas arriesgaron su vida en una travesía que, según quienes conocen la frontera de El Tarajal, se puede completar a pie en menos de cinco minutos con marea baja. Ese detalle no invalida el sufrimiento, pero complica la versión de que todos los fallecidos se ahogaron en un cruce extremo.

El efecto llamada como categoría económica: ¿quién paga la crisis?​

Más allá del drama humano, el episodio ha reactivado el debate sobre los costes de la inmigración irregular. En la conversación pública ha aparecido la pregunta de quién financia la atención a las personas que logran entrar, y un sector del análisis apunta a un auténtico «negocio» alrededor del fenómeno: el barco que cruza a los migrantes, los hoteles que alojan a menores no acompañados con subvenciones públicas, los servicios sociales desbordados. La crítica se dirige al modelo que, según esta corriente, convierte la llegada de inmigrantes en una industria subvencionada con dinero de los contribuyentes.

En el extremo opuesto se defiende que la inmigración es un fenómeno estructural que ningún discurso de fronteras va a detener, y que la prioridad debería ser la cooperación con los países de origen y la gestión ordenada de los flujos. La Organización Internacional para las Migraciones cifra cada año en miles los fallecimientos en las rutas migratorias, pero en esta ocasión el foco se ha centrado en la responsabilidad directa de un Gobierno concreto y en la necesidad de que asuma costes políticos, económicos y, para algunos, penales.

La humanidad que se pierde en el relato​

Lo más inquietante de la conversación es la rapidez con la que algunas posiciones derivan hacia la deshumanización de la víctima. Se ironiza sobre la tragedia, se sugiere que los fallecidos son «daños colaterales» inevitables o incluso se celebra la cifra por su rentabilidad electoral. Nadie con una mínima perspectiva económica debería obviar que detrás de cada cadáver hay un coste social que acaba asumiendo todo el país: búsqueda, atención sanitaria, instrucción judicial y, sobre todo, el deterioro de la convivencia en una ciudad autónoma que ya mira con inquietud las imágenes del asalto.

Que la respuesta institucional se haya limitado, de momento, al anuncio de unas boyas para dificultar el cruce a nado ha sido recibido con ironía e indignación. La imagen de una solución técnica frente a una emergencia humanitaria de decenas de miles de personas es un símbolo de impotencia o de falta de voluntad política. Mientras la cifra de muertos sigue abierta, la exigencia de responsabilidades –incluidas las que piden la comparecencia del presidente y una disculpa pública– no obtiene respuesta. Y queda en el aire la pregunta que ningún dato consigue responder: cuántos muertos hacen falta para que alguien pida perdón.