Acceden al historial médico del novio de Ayuso

Historial del novio de Ayuso: penas de cárcel para los sanitarios​

El caso ha estallado en plena batalla política. Dos trabajadores de un hospital accedieron al historial médico del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y la conversación pública ya se ha partido en dos: quienes ven una operación orquestada para desgastar a Isabel Díaz Ayuso y quienes creen que se trata de un episodio de cotilleo sanitario con graves consecuencias legales. La única certeza es que el acceso indebido a una historia clínica es un delito tipificado con penas de uno a cuatro años de prisión.

Según la información manejada, uno de los implicados sería un celador del Hospital Clínico San Carlos, un centro de la sanidad madrileña con presencia de la privada a través de Quirón. La detección no habría sido casual: cuando alguien con la relevancia mediática del entorno de Ayuso aparece en el sistema, las herramientas de gestión de logs activan alarmas ante cualquier intento de consulta. Con mecanismos así, la pregunta no es cómo se ha descubierto, sino por qué alguien se arriesga a asomarse.

Qué castigo tiene espiar una historia clínica​

La jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara: la revelación de secretos cometida por un sanitario puede acarrear cárcel aunque la consulta sea por simple curiosidad. La horquilla penal va de uno a cuatro años de prisión, más una multa de doce a veinticuatro meses, inhabilitación y despido disciplinario. No son castigos teóricos. Hay antecedentes condenados: un médico fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por consultar expedientes de compañeros, y otro a tres años y tres meses por espiar el historial de su expareja y de la familia de esta.

En el caso que ahora se examina, si se confirma que el celador no tenía ninguna función que justificara la consulta, el encaje penal es casi automático. La cuestión se complica si se demuestra que hubo una orden o una trama política detrás, como sostiene una corriente del análisis: entonces los responsables no serían solo dos curiosos, sino los autores intelectuales de un delito de revelación de secretos.

La brecha de la protección de datos en sanidad​

La cuestión de fondo no es nueva. La protección de datos sanitarios ha fallado de forma recurrente, y la pandemia de COVID dejó un reguero de casos: profesionales que consultaron expedientes de pacientes para saber si se habían vacunado, con acoso laboral incluido en algunos centros. Aquello se saldó en muchos casos sin consecuencias. Ahora, con el foco mediático sobre el novio de Ayuso, el sistema de logs y la presión política pueden funcionar como efecto ejemplarizante. O no: todo depende de cómo acabe la instrucción.

Dos lecturas irreconciliables​

Por un lado, la lectura política: el caso encaja en lo que algunos análisis describen como una guerra sucia contra la presidenta madrileña, con el PSOE señalado por utilizar todos los instrumentos del Estado para encontrar basura en su entorno. Por otro, la lectura jurídica: si la consulta se hizo a título individual y sin encargo, estamos ante un delito común que la ley ya contempla con dureza. La diferencia es sustancial, porque de una conversación sobre penas individuales pasamos a una acusación de persecución institucional.

De momento no hay condena ni imputación firme sobre los nombres que circulan. Lo que sí está sobre la mesa es la funcionalidad de los sistemas de alerta: sin los logs que registran cada acceso, el espionaje habría pasado desapercibido. La tecnología, en este caso, ha funcionado. La pregunta es si el castigo estará a la altura de los precedentes o si el caso se diluirá entre acusaciones cruzadas.