Funcionarios atrapados por la vivienda: uno de cada tres rechaza su plaza
Un funcionario de grupo A1 en Baleares necesitaría un sueldo de 12.000 euros mensuales para afrontar el coste de la vivienda. No es una exageración: es el cálculo que muchos opositores hacen al recibir destino. El resultado es que un tercio de los
funcionarios españoles rechaza plazas o ascensos por no poder asumir el alquiler en el lugar asignado, según un artículo de La Razón.
La encuesta citada revela que el 43,5% de los empleados públicos solo aceptaría un traslado si incluye un incremento salarial o un incentivo específico que compense directamente el precio de la vivienda. Mientras tanto, la edad media del inquilino se ha disparado de 31 a 36 años en solo cinco años, y las compraventas de vivienda acumulan cinco meses consecutivos de caídas, con un descenso del 7,6% en mayo.
Entre los destinos más problemáticos destaca Baleares, donde incluso los funcionarios de alto nivel (A1) renuncian a sus plazas. Los que aceptan se enfrentan a años de espera para un traslado, en un contexto de encarecimiento general del alquiler. La tercera edad de los inquilinos sube, y el sueño de la plaza fija choca con la realidad del ladrillo.