Provincias frente a autonomías: la alternativa que gana en eficiencia
El debate sobre la organización territorial española ha vuelto con fuerza. Una corriente de análisis sostiene que el sistema autonómico, con sus 17 administraciones y duplicidades, cuesta al país hasta 200.000 millones de euros anuales que se podrían ahorrar. La cifra, aventurada en foros económicos, coincide con los cálculos de la UE sobre el coste de la sobreadministración. Si España adoptara un sistema provincial, eliminando los parlamentos y consejerías autonómicas, el ahorro sería sustancial. No es solo cuestión de eficiencia: también de unidad nacional, porque la provincia diluye los nacionalismos al no tener competencias culturales ni educativas directas.
El argumento de la unidad y la protección de lenguas
Los defensores del sistema provincial proponen sustituir las comunidades autónomas por una estructura de municipios, provincias y regiones (entendidas como agrupaciones de provincias) bajo el principio de subsidiariedad. Las competencias se repartirían entre el Estado central y las provincias, sin necesidad de un nivel intermedio. La protección de lenguas y tradiciones se articularía mediante agrupaciones voluntarias de comarcas, evitando imposiciones como las que sufren las comarcas castellanoparlantes del interior de Valencia. Este modelo, inspirado en los obispados eclesiásticos, busca un equilibrio entre identidad y operatividad. La provincia, además, es la unidad más eficiente para articular servicios públicos y evitar duplicidades.
Los intereses creados: la auténtica barrera
El principal obstáculo, coinciden críticos y defensores, es la resistencia de la clase política. El sistema autonómico es una fábrica de cargos: cerca de 200.000 políticos viven de él, entre parlamentos, consejerías y entes dependientes. Las élites regionales no quieren perder poder ni presupuesto. Además, los partidos nacionales, como Vox y Podemos, no han sabido articular una alternativa territorial clara, prefiriendo la lógica centralista o el mero electoralismo. Las manifestaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) son el reflejo de que el municipalismo sigue vivo y podría ser la base de una reforma. Pero la inercia institucional y el reparto de poder hacen improbable que la reforma prospere.
En definitiva, el debate deja una pregunta incómoda: ¿cuánto más pagaremos por mantener un modelo que muchos consideran insostenible? Mientras tanto, la presión de la UE y el déficit público podrían forzar la discusión tarde o temprano. La historia, sin embargo, muestra que las reformas territoriales en España rara vez se hacen por eficiencia, sino por crisis.