40 familiares en la agonía de una paciente, así fueron los disturbios del hospital de ciudad real

Disturbios en el Hospital de Ciudad Real: 40 familiares y cuatro detenidos​

La noticia es esta: en la quinta planta del Hospital General de Ciudad Real, la tarde del lunes, una paciente de ochenta años en estado crítico falleció acompañada por una cifra de familiares que las previsiones no contemplaron. El cardiólogo Manuel Rayo, presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, que estaba de guardia, contó «25 o 30» personas media hora antes de los incidentes y hasta 40 un rato después. Cuando el personal explicó que no podían quedarse tantos, la situación se rompió: volaron sillones de la sala de espera, maceteros del control de enfermería y una muleta que le rompió una pieza dental a un policía. Hay cuatro detenidos —tres hombres y una mujer— imputados por desórdenes públicos, atentado y lesiones, en libertad provisional con orden de alejamiento del hospital.

Qué pasó exactamente en la quinta planta​

El relato del centro es preciso en la secuencia. La paciente estaba en una unidad de agudos de Neurología y se la trasladó a planta de hospitalización para que pudiera despedirse de los suyos. En un caso así, según el propio Colegio de Médicos, se levanta la mano con el número de acompañantes y se prima el criterio humano sobre el reglamento. Esta vez el criterio humano se desbordó. A las ocho de la tarde fallece la mujer, se comunica a la familia que no pueden permanecer tantos, y los que la noticia describe como líderes del clan se encaran con el personal sanitario. Avisan a seguridad. Los vigilantes no controlan la situación. Según fuentes sanitarias, llaman hasta cinco veces a la Policía Nacional.

Cuando llega la policía, el episodio pasa de tenso a campal. Vuelan sillones, macetas y una muleta contra los agentes. Los únicos heridos leves reconocidos en el parte son policías. Los cuatro detenidos se dieron a la fuga y fueron arrestados después, en una operación que cinco días más tarde seguía abierta.

El riesgo que nadie midió: los demás pacientes de la planta​

Aquí está el dato que el relato de la bronca tapa. «Lo peor es que se puso en peligro la integridad del resto de hospitalizados», denuncia Rayo: si en ese momento alguien de la planta hubiera sufrido un paro cardíaco o una situación grave, no se podría haber accedido por la aglomeración de personas. Cuarenta cuerpos en una sala de hospitalización no son solo un problema de orden público. Son un cuello de botella clínico. Y el propio presidente del Colegio de Médicos lo formula sin adornos: «con cuarenta personas en una sala de hospitalización, si alguien quiere buscar bronca, la encuentra».

La pregunta que sobrevuela el caso no es por qué se descontroló una familia. Es por qué el protocolo de acompañamiento en cuidados paliativos no tiene un tope operativo que se pueda sostener cuando el dolor se convierte en masa.

Qué medidas se están discutiendo tras los disturbios​

Rayo asegura que las agresiones al personal sanitario incumben a todo el mundo y sostiene que hay margen para medidas preventivas «más o menos inmediatas». Ha habido reuniones de la dirección del área integrada con los sindicatos, y el Colegio de Médicos se ha puesto a disposición de los organismos que quieran consejo y ayuda. Las opciones que se barajan van de explorar el potencial de la aplicación Alercorp a aumentar la videovigilancia en plantas y controles de enfermería. A la justicia le pide «contundencia»: «deberían aumentar las penas y sanciones administrativas ante este tipo de comportamientos». Su argumento es que esto no ha sido solo una agresión a sanitarios, sino un atentado contra todo el mundo, incluidos los hospitalizados en Neurología.

Las condiciones judiciales de los cuatro detenidos​

Los cuatro arrestados —tres hombres y una mujer de Ciudad Real— quedaron en libertad provisional tras declarar en el juzgado de guardia. La instrucción les impone orden de alejamiento del Hospital General: no pueden entrar sin cita previa. Si tienen que acudir por una urgencia, solo podrá entrar una persona. Están obligados a firmar en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, y pesa sobre ellos una orden de alejamiento de menos de trescientos metros respecto a las personas que resultaron lesionadas leves, la mayoría policías. La operación policial seguía abierta a la fecha de esta discusión.

El trasfondo que el relato oficial evita​

Buena parte de las reacciones que ha generado el caso no discuten los hechos: discuten el silencio. Se argumenta que la noticia describe un episodio de violencia en un servicio público esencial sin nombrar la pertenencia del grupo implicado, y que ese silencio es en sí mismo una toma de posición editorial. En paralelo circula la tesis contraria: que la etiqueta étnica no aporta nada al análisis de un desorden público y que lo relevante es el fallo de protocolo hospitalario y la respuesta judicial.

Otra corriente, más incómoda, apunta a la impunidad percibida. Se sostiene que un particular que destroza un hospital y agrede a agentes sale al día siguiente en libertad provisional, mientras conductas mucho menores se persiguen con más celo. Es una percepción, no una sentencia: los cuatro están imputados y el procedimiento sigue abierto. Pero la percepción, en materia de confianza institucional, pesa casi tanto como la resolución.

Hay también quien introduce un matiz que no suele aparecer en el titular: la responsabilidad del propio centro. Si el protocolo permite que una sala de hospitalización pase de treinta a cuarenta personas sin que nadie active un mecanismo de contención, el fallo no empieza en la familia. Empieza en la puerta.

Con estos mimbres, lo previsible es que el caso se cierre con penas menores, que los daños materiales no se reparen —los condenados serán probablemente insolventes— y que el protocolo de acompañamiento en cuidados paliativos siga igual hasta el próximo episodio. La única variable que puede moverse es la política: si el Colegio de Médicos consigue que las agresiones a sanitarios suban de categoría penal, este caso habrá servido para algo. Si no, quedará como lo que es: cuarenta personas, una muerta, cuatro detenidos y una planta de hospitalización que estuvo a punto de convertirse en un problema mucho mayor.