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Los principales sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil se han encerrado en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad, en Madrid, para exigir el reconocimiento de su profesión como riesgo y una jubilación anticipada que Interior dejó fuera a 130.000 agentes.

Los representantes sindicales de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han ejecutado un encierro en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad, órgano dependiente del Ministerio del Interior, en Madrid. La protesta, que califican de «pacífica e indefinida», responde a la ruptura de las negociaciones por parte del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Los agentes exigen el reconocimiento de la profesión de riesgo y, con ello, lo que consideran «una jubilación digna».

Un año de reuniones sin compromiso concreto

Las organizaciones policiales llevaban casi un año reuniéndose con la secretaría de Estado, liderada por Aina Calvo, para avanzar en un texto normativo que beneficiara por igual a todos los funcionarios. En un comunicado, los sindicatos reclaman «compromisos concretos y soluciones» y animan a los agentes destinados en Madrid a respaldar la movilización. El encierro se produce después de que Interior no aclarara en ningún momento si podía costear el cambio normativo, según fuentes próximas a las negociaciones.

El origen del malestar está en el real decreto de marzo que dejaba fuera de la jubilación anticipada a 130.000 policías y guardias civiles. El proyecto inicial de Interior solo contemplaba la profesión de riesgo para los funcionarios encajados en la Seguridad Social y excluía a miles de agentes integrados en las Clases Pasivas, donde se encuentran los policías más veteranos y todos los guardias civiles. Ese agravio llevó a las asociaciones del instituto armado a plantarse ante la directora general, Mercedes González, en los grupos de trabajo del Consejo del Cuerpo.

La propuesta que no convenció a los sindicatos

Semanas después, la Secretaría de Estado recondujo la situación y convocó a todas las organizaciones para liderar un mismo instrumento normativo. En el último encuentro, el 30 de junio, Interior se comprometió a aplicar los mismos coeficientes reductores por año trabajado para que policías y guardias civiles pudieran prejubilarse en idénticas condiciones económicas. La propuesta contemplaba que los funcionarios que cotizan en la Seguridad Social alcanzaran la pensión máxima con 31 años de cotización, frente a los 37 actuales, y que los agentes de Clases Pasivas lo hicieran con 30 años en vez de 35.

Lo que no convencía era la vía elegida: tramitar los cambios legislativos a través de los Presupuestos Generales del Estado. Las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos policiales rechazaron ese camino porque consideraban improbable que el Gobierno pudiera sacar esas cuentas adelante, teniendo en cuenta que no lo había conseguido en toda la legislatura. Con la convocatoria electoral, sacar adelante esa partida presupuestaria se antoja inviable para el área de Grande-Marlaska.

El encierro como último recurso

Los representantes sindicales han decidido mantener el encierro de forma indefinida hasta obtener una respuesta. «Por quienes están dentro. Por quienes siguen de servicio. Por quienes se jubilarán mañana», rezan en el comunicado. La protesta se produce en un contexto de bloqueo político que dificulta cualquier tramitación presupuestaria y deja a los agentes sin una solución concreta a corto plazo.

La reclamación de la jubilación anticipada para policías y guardias civiles lleva años sobre la mesa. El reconocimiento de la profesión de riesgo permitiría aplicar coeficientes reductores por año trabajado, una medida que ya disfrutan otros cuerpos como los bomberos o los agentes forestales. Sin ese reconocimiento, los agentes ven limitada su capacidad de retirarse antes de la edad ordinaria pese a la penosidad y peligrosidad de su trabajo.