Ayuso deja sin ayudas MOEVE a compradores de eléctricos por un ajuste contable
La paradoja surge del calendario: pagar un anticipo en diciembre de 2024 para asegurar el coche y completar la factura en 2025 puede costarle al comprador madrileño los 7.000 euros de subvención del plan MOEVE. Mientras otras autonomías han adaptado sus bases para incluir estas operaciones, la Comunidad de Madrid se mantiene inflexible, dejando a miles de conductores en un limbo administrativo.
El problema: un anticipo que rompe la fecha de pago
Según las denuncias que están aflorando en concesionarios, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom) está rechazando solicitudes cuando el comprador realizó un anticipo en 2024 aunque el pago total y la matriculación se efectuaran en 2025. Las bases del programa no especifican que un pago fraccionado descalifique la ayuda, pero los técnicos de Fenercom habrían establecido un criterio propio, contrariando la práctica de otras comunidades. A esto se suma que un Real Decreto que avalaba las compras completas fue derogado en enero de 2025 por el Gobierno de Sánchez, generando una retroactividad que elimina derechos adquiridos.
El contraste autonómico: la excepción madrileña
Mientras varias comunidades han legislado para corregir el desaguisado —aceptando las operaciones iniciadas en 2024— Madrid no ha movido ficha. La consecuencia es que compradores que formalizaron su intención de compra el año pasado se quedan sin ayuda, generando un agravio comparativo y un aluvión de reclamaciones en los concesionarios. La sensación de inseguridad jurídica se extiende: si un contrato no garantiza la subvención, el riesgo de comprar un eléctrico se dispara.
¿Prevaricación administrativa?
El término ha circulado entre los afectados, que señalan a Fenercom por aplicar criterios no recogidos en las bases. Más allá de la acusación penal, el caso evidencia los límites de un sistema de ayudas que penaliza la planificación financiera de las familias. Con miles de resoluciones denegatorias ya notificadas, la pregunta que flota es si la Comunidad corregirá su postura o dejará que el caos burocrático ahogue la intimidad del vehículo eléctrico en Madrid.