123 entidades para 200 manifestantes: el activismo subvencionado en números
Dos centenares de personas se manifestaron en Santiago contra la transfobia, convocadas por 123 entidades. La cuenta es sencilla: menos de dos manifestantes por organización. Un ratio que invita a preguntarse cuánto cuesta mantener esa maquinaria de subvenciones y qué rentabilidad social tiene.
El negocio de las siglas
Detrás de cada entidad hay una estructura que, en muchos casos, vive de la subvención pública. Cuando el número de convocantes supera al de asistentes, el modelo huele a chiringuito. No es casualidad que en el ambiente se comente que algunas asociaciones tienen más socios en la directiva que en la calle. La pregunta es inevitable: si cada una recibe una paguita, el contribuyente está financiando una maquinaria de movilización que apenas moviliza.
Las exigencias: de la paridad a los privilegios
Las demandas concretas que se pusieron sobre la mesa no son precisamente discretas: no expulsar a delincuentes que se autodenominen trans, prohibir despidos por motivos de identidad de género y reservar un 2% de las plazas de funcionario para este colectivo. Traducido: inmunidad laboral, cuotas en la administración y blindaje penal. Todo ello en nombre de la igualdad, pero con un coste económico y social que nadie cuantifica.
La izquierda gramsciana y sus costes ocultos
Lo que no aparece en la pancarta es el dinero: las subvenciones para mantener a 123 organizaciones que logran reunir a 200 personas. Si cada entidad recibe una ayuda media, el coste total supera con creces el de un simple acto reivindicativo. Es la máquina de generar consenso artificial, donde la noticia importa más que la participación. Que 200 personas sean portada demuestra que el relato pesa más que la realidad.
La pregunta que queda en el aire es cuánto más está dispuesta la sociedad a pagar por un activismo que convierte la diferencia en privilegio y la movilización en un negocio.
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