Resumen del debate: Zapatero y el fin de ETA: ¿merece más reconocimiento?

Zapatero y el fin de ETA: quién cobró el mérito y quién pagó la factura​

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2011 la Ley 27/2011, que elevó progresivamente la edad ordinaria de jubilación de los 65 a los 67 años en un periodo transitorio de quince años, entre 2013 y 2027. La medida se pactó con los principales agentes sociales y admitía excepciones para carreras de cotización muy largas. Ese mismo año, la banda terrorista ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada. Dos hechos que la opinión pública española ha terminado fundiendo en un mismo relato: el de un presidente que, según unos, desmanteló la banda y, según otros, solo recogió los frutos de una derrota cocinada antes.

Qué pasó realmente con ETA y con la jubilación​

La tesis que defiende el mérito de Zapatero se apoya en un argumento operativo: fue su Ejecutivo el que impulsó la inteligencia policial que penetró en las bases de la organización, con agentes infiltrados y confidentes reclutados entre los propios militantes. La desaparición de la antigua unidad de élite de la Policía Nacional habría sido, en esta lectura, el golpe decisivo. El relato oficial lo repite: sin Zapatero, ETA seguiría matando.

La versión contraria tiene más aristas. Sostiene que la banda ya estaba acorralada cuando Zapatero llegó a La Moncloa: había perdido el apoyo social en Euskadi, la Ertzaintza dejó de mirar hacia otro lado y el Gobierno vasco retiró la cobertura política. La suma parlamentaria de PP y PSOE superaba con holgura a la izquierda abertzale, y eso permitió gobernar sin complejos sobre la policía autonómica. Cuando esos tres apoyos —calle, policía y poder institucional— se desmoronaron, la estructura etarra quedó sin refugio. El remate policial fue posible porque antes había caído el ecosistema.

El debate, como casi siempre, se atasca en la cronología. Los atentados no cesaron de golpe: hubo una secuencia de operaciones, detenciones y deserciones que se prolongó durante años. Y el final llegó con concesiones que nunca se explicaron del todo, según admiten incluso quienes defienden la gestión. Amnistías encubiertas, excarcelaciones, negociaciones discretas con intermediarios. El cierre sin ruido fue, para algunos, la prueba de que no hubo victoria limpia.

¿Por qué la derecha debería besar por donde pisa?​

Esa es la provocación que abre el asunto. Quien la lanza sostiene que la derecha española debería agradecer a Zapatero el fin de la violencia, porque su Gobierno fue el que puso los medios técnicos y políticos para acabar con la banda. Quien la recibe responde con dos nombres propios: Aznar y Juan Mari Atutxa. El primero, por haber golpeado el aparato logístico y económico de ETA durante sus años de Gobierno; el segundo, por haber desmontado desde la consejería vasca de Interior parte de la infraestructura que protegía a los comandos. El asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997 habría sido el punto de inflexión social: la banda perdió el relato y la hegemonía en la calle.

La discusión deriva, inevitablemente, hacia el presente. Bildu, heredera de la izquierda abertzale, ocupa escaños en el Congreso. Para unos, eso es el blanqueo definitivo de ETA; para otros, la prueba de que el final fue una capitulación disfrazada de victoria. La ley de partidos, que ilegalizó a Batasuna, es citada por ambas partes: como el instrumento que asfixió a la banda y como el parche que luego se levantó sin consecuencias.

Hay un detalle que casi nadie discute y que descoloca a los dos bandos: el final de ETA coincidió con la caída de Gadafi. Una coincidencia temporal que algunos han convertido en teoría conspirativa sobre financiación exterior, sin ninguna prueba sólida. La banda nunca necesitó padrinos extranjeros para matar; le bastó con el silencio cómplice de una parte de la sociedad vasca durante décadas.

El coste económico que nadie quiere mirar​

La reforma de las pensiones de 2011 tiene una lectura económica que el ruido político tapa. Elevar la edad de jubilación a los 67 años supone recortar dos años de prestación a cada trabajador que no pueda acogerse a las excepciones. Con una esperanza de vida creciente y una tasa de dependencia al alza, el sistema público de pensiones necesitaba ajustes, y Zapatero los hizo con el respaldo de los sindicatos y la patronal. La derecha que hoy critica la medida la asumió después sin deshacerla.

Ese es el punto exacto donde el análisis se atasca. El mismo Gobierno que cerró la jubilación a los 67 años es el que la derecha acusa de haber entregado el país a los terroristas. Y el mismo partido que hoy reivindica el final de ETA fue el que negoció con la banda en 1998 y en 2006. Nadie sale limpio de la hemeroteca.