Resumen del debate: VPO en Madrid: ¿qué hizo la derecha y qué hace el gobierno?

VPO de Madrid vendidas a un fondo por 68.000 euros​

¿Cuánto vale una vivienda de protección oficial en Madrid? Menos que un coche de gama media, si se atiende a la operación que centra este análisis: pisos que habían sido VPO y que acabaron en manos de un fondo de inversión a razón de 68.000 euros por unidad. La cifra, repetida en distintos foros de inversión y economía, sirve de punto de partida para una discusión más incómoda: ¿quién vendió, a quién y con qué consecuencias para los inquilinos que tenían una opción de compra sobre esas casas?

La operación se atribuye a la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid, que habría traspasado parte de su parque a un fondo —citado en el material como Blackstone— después de que la sociedad pública arrastrara problemas financieros. El relato oficial habla de saneamiento; el relato crítico, de socializar pérdidas y privatizar ganancias. En medio, los inquilinos con opción a compra que vieron cómo su casa cambiaba de dueño sin que nadie les preguntara.

Qué pasó con las VPO de la EMVS​

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid gestionaba un parque de vivienda pública que, según se argumenta en el material, había quebrado técnicamente antes de la venta. La disyuntiva que se plantea es la clásica del sector público cuando el balance no cuadra: o se venden activos para que la entidad sobreviva, o se socializan las pérdidas entre todos los contribuyentes y se asume el deterioro progresivo del patrimonio.

Hay quien sostiene que la venta era inevitable y que da igual quién gobernara, porque el agujero ya estaba ahí. Otros apuntan a que el problema de fondo es estructural: las empresas municipales de vivienda en España apenas tienen músculo financiero para mantener un parque como el de Viena o los municipios alemanes, donde los ingresos por alquiler rondan los 8.000-10.000 euros anuales por vivienda y el inquilino paga suministros y deterioros.

La comparación internacional no es gratuita. Hamburgo cuenta con una empresa municipal con 132.000 viviendas de alquiler que funcionan como negocio: ingresan, cubren costes y hasta generan excedente para el municipio. Madrid, en cambio, maneja un presupuesto per cápita muy inferior —menos de 6.000 euros sumando ayuntamiento y comunidad, frente a los más de 12.000 de un Land alemán—, lo que hace casi imposible replicar ese modelo sin cambiar la escala fiscal.

El problema del impago y el deterioro del parque público​

El argumento que más se repite cuando se discute por qué España no tiene un parque público de alquiler potente es el del comportamiento del inquilino. Se sostiene que en España los inquilinos de vivienda pública no pagan y destrozan, lo que dispara el coste de mantenimiento y convierte el parque en una carga insostenible. En Alemania o Austria, según esta misma línea, el inquilino es cívico y paga; en España, no.

La contraargumentación es igual de directa: si no pagan, se les retira la prestación o se les embargan ingresos. El tramo inembargable de las pensiones españolas es elevado, lo que dificulta ejecutar esa vía sin dejar al inquilino sin nada. La propuesta que se lanza en el material es quirúrgica: congelar la pensión, embargar la mitad y realojar en una vivienda más modesta antes que dejar a un octogenario en la calle.

El punto de fricción es si eso es viable con el marco legal actual. La respuesta corta es que no, y la larga es que exigiría reformar la ley de arrendamientos, la normativa de vivienda protegida y probablemente el régimen de competencias entre ayuntamiento y comunidad. Nadie ha movido esa piedra.

El contexto político: elecciones, bloques y promesas de vivienda​

La discusión sobre las VPO de Madrid se cruza con el ciclo electoral. Se recuerda que la vivienda pasó de ser el problema número 19 para los españoles a ser el primero en apenas unos años, y que las promesas de construir 184.000 viviendas se quedaron en decretos para vulnerables y una puesta en escena con una inquilina de renta antigua.

El PP y Vox aparecen en el material como posibles ganadores de las próximas elecciones, con la advertencia de que no cambiará nada sustancial: los mismos bloques, las mismas políticas, el mismo ciclo. La tesis de que PSOE y PP son «la misma mierda» recorre buena parte de la discusión, con la variante de que Vox gobernando en solitario sería la única opción de cambio real —y esa opción se considera hoy imposible.

Hay también quien recuerda que la venta de VPO se produjo hace casi dos décadas, bajo mandato de Ana Botella, y que atribuirla al gobierno actual es un ejercicio de memoria selectiva. La respuesta es que la derecha lleva décadas aplicando la misma receta: vender patrimonio público para cuadrar balances y dejar que el mercado —que no quiere a los vulnerables— haga el resto.

Qué pasa con los inquilinos con opción a compra​

El núcleo humano del asunto son los inquilinos que tenían una opción de compra sobre su vivienda y que, tras la venta al fondo, vieron cómo esa opción se esfumaba o se encarecía. El material menciona desahucios de octogenarios y personas con muchos años cotizados durmiendo en bancos o en coches. No es una hipérbole: es la consecuencia de un mercado que no alquila a quien no puede pagar.

La pregunta que sobrevuela todo el análisis es si el Estado puede permitirse congelar pensiones y realojar a precio tasado sin que el sistema se desmorone. La respuesta que da el material es que sí, pero exige voluntad política. Y que esa voluntad no ha existido en ningún gobierno, ni del PP ni del PSOE.

El modelo alemán como espejo roto​

La comparación con Alemania aparece varias veces y siempre con el mismo resultado: allí funciona, aquí no. La clave no es solo el dinero, sino la cultura cívica del inquilino y la capacidad de las empresas municipales de operar como negocios. En España, el parque público es testimonial, mal financiado y políticamente incómodo.

Se apunta una solución intermedia: crear sociedades privadas a las que se garantice el cobro de las rentas, con el inquilino como socio y no como beneficiario pasivo. El problema es que eso exige confiar en que el inquilino pague y cuide el inmueble, y en España esa confianza no existe.

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Al final, la pregunta no es si Pedro Sánchez es el demonio. La pregunta es cuántos pisos de VPO ha vendido la derecha en Madrid a precio de saldo y cuántos inquilinos han acabado en la calle por ello. Las respuestas, como casi siempre, dependen de a quién se le pregunte.