Resumen del debate: Vox propone reducir el IVA al 18%, rebajar las cotizaciones sociales y revisar 52.000 millones en subvenciones

Vox pone cifra al ajuste: 52.000 millones en subvenciones​

Un tipo del 21% que baja al 18%. Un Impuesto de Sociedades más blando. Cotizaciones sociales a la baja. Y, para cuadrar la cuenta, una revisión de las subvenciones directas que el dirigente de Vox Figaredo cifra en 52.000 millones de euros anuales. El paquete fiscal que Vox defiende no es nuevo en el diagnóstico, pero sí en la aritmética: pone un número concreto a la partida de la que piensa tirar para financiar la rebaja.

La ecuación tiene tres incógnitas y ninguna resuelta. La primera es el IVA: devolver el tipo general del 21% al 18% cuesta recaudación en cada compra de la cesta familiar. La segunda, el Impuesto de Sociedades y los especiales sobre hidrocarburos, que abaratarían la factura empresarial pero estrechan la base. La tercera, las cotizaciones sociales, el grueso del sistema. Figaredo reconoce que todo esto exige revisar el gasto público y sitúa las ayudas directas entre las partidas a examinar.

Qué hay detrás de los 52.000 millones en subvenciones​

El dirigente no detalla el desglose, y ahí empieza el problema. Habla de concentrar recursos en sanidad, justicia y educación, y de someter el resto a un examen de necesidad. Es una declaración de intenciones, no una hoja de recortes. La distancia entre decir «revisar 52.000 millones» y decir cuáles, cuánto y a quién es la distancia entre un titular y un presupuesto.

En la conversación que genera la propuesta aparece de inmediato el elefante en la habitación: las pensiones. El baby boom empieza a jubilarse y el gasto en prestaciones crece por su propia inercia demográfica. Hay quien sostiene en el debate que sin tocar la nómina de los jubilados —fijando un techo, por ejemplo, en 1.200 euros mensuales— las cuentas no salen por ningún lado. Es la posición más dura y también la más explícita: si no se recorta ahí, dicen, la rebaja fiscal es literatura.

La respuesta desde el otro lado no se hace esperar. Se acusa a quienes proponen ese techo de dibujar pensiones de miseria mientras las rentas altas y los grandes patrimonios siguen con ventajas. El choque no es nuevo, pero el contexto demográfico le da otra gravedad: cada año que pasa, la proporción entre cotizantes y perceptores empeora.

Adelgazar el Estado: de la consigna al expediente​

El segundo eje del planteamiento es administrativo. Figaredo habla de adelgazar el Estado y de simplificar procedimientos que, según su diagnóstico, bloquean proyectos empresariales durante más de una década. La comparación que utiliza es la protección de datos: quince artículos en la norma estonia frente al centenar largo de la española. Su tesis es que España añade requisitos al transponer las directivas europeas y que bastaría con aplicar el mínimo exigido.

Es un argumento con recorrido entre autónomos y pequeñas empresas, acostumbrados a que cada norma europea llegue ampliada. También es un argumento que ignora deliberadamente lo que cuesta desregular: menos requisitos significa menos control, y el control es lo que evita que la simplificación se convierta en barra libre. Nadie discute los plazos. Lo que se discute es si acortarlos equivale a eliminar garantías.

El IVA al 18% y la memoria selectiva​

La rebaja del IVA tiene un efecto político inmediato: reabre la comparación con etapas anteriores. En el debate se recuerda que el tipo general estuvo en el 16% sin que el sistema sanitario se cayera y que las subidas posteriores se justificaron con la crisis. El dato es cierto; la conclusión, discutible. Un tipo más bajo recauda menos por cada euro de consumo, y la pregunta es qué se deja de financiar.

Ahí está el nudo del asunto. La propuesta de Vox no es un programa cerrado sino una dirección: menos impuestos, menos gasto no esencial, menos administración. Los números gruesos existen —el 21% al 18%, los 52.000 millones—, pero el desglose fino, el que decide quién paga la fiesta, no aparece. Y sin ese desglose, la rebaja fiscal es una promesa que cada votante rellena con lo que más le conviene.

La demografía no negocia. Ese es el dato que descoloca: cualquier rebaja de ingresos convive con una factura de pensiones que crece sola, sin que nadie haya explicado todavía cómo se pagan las dos cosas a la vez.