Resumen del debate: Vox pide desclasificar los informes del CNI sobre Marruecos y Ceuta, militarizar de forma permanente la frontera y expulsar a todos los que entraron

Vox exige desclasificar el CNI y militarizar Ceuta: la factura​

Vox ha reclamado al Gobierno la desclasificación de los informes del CNI sobre Marruecos y la crisis migratoria de Ceuta, la militarización permanente de la frontera y la expulsión de todos los adultos sin derecho a permanecer en la ciudad. El senador Javier Alonso, en un vídeo, insiste en que Marruecos debería asumir los costes de una entrada irregular que se cuenta por decenas de miles de personas, desde los gastos policiales a los sanitarios. «Ceuta y Melilla son España; no se reparten, no se negocian; se defienden», sentencia.

La factura de esa crisis no es solo política. Los servicios de salud, las fuerzas de seguridad y los recursos de acogida absorbieron el impacto de una avalancha que el Gobierno de Pedro Sánchez no supo (o no quiso) contener. Vox propone cargársela a Rabat, pero no explica cómo se cobra una deuda de esa naturaleza sin una negociación bilateral que precisamente parece querer evitar. Aquí empieza el terreno movedizo.

La desclasificación que Vox quizá no quiere​

La petición de abrir los informes del CNI tiene truco. Si el objetivo fuera saber qué se ocultó, cualquiera podría preguntarse por qué Vox no la hizo antes. El recelo no es gratuito: desclasificar documentos sensibles sobre Marruecos podría revelar asuntos incómodos para todos, incluidos los que ahora reclaman la luz y taquígrafos. En el análisis político pesa más la sospecha de que la exigencia es una herramienta electoral que una auténtica petición de transparencia. El 11M y otros episodios quedaron bajo la alfombra del secreto de Estado por algo.

De momento, la desclasificación no llega y la frontera de Ceuta sigue siendo el punto de fricción con Marruecos que cada partido usa a conveniencia. Lo único concreto sobre la mesa es la factura: decenas de miles de personas, costes policiales y sanitarios, y un acuerdo de retorno de menores de 2007 que nadie ha sabido aplicar del todo. Hasta que no se sepa quién pagará los platos rotos, el pulso entre Madrid y Rabat seguirá atascado en el mismo sitio.