Resumen del debate: ¿Vosotros creéis que en realidad la gente votará a favor de recortar las pensiones, bajar el salario mínimo y privatizar todo lo posible?

Pensiones, salario mínimo y privatización: nadie vota el ajuste​

Hay una escena que se repite en cualquier barra de bar o en cualquier conversación de vecinos: alguien dice que «hay que recortar» y, acto seguido, se calla cuando se le pregunta si él votaría a quien le baje la pensión a su madre. El planteamiento de fondo es incómodo: ¿votaría la gente a favor de recortar pensiones, bajar el salario mínimo y privatizar lo posible? La respuesta corta es que no. La respuesta larga es que el sistema se encamina hacia ese ajuste sin que nadie lo vote, porque la aritmética demográfica y fiscal no entiende de papeletas.

El punto de partida del análisis es una cifra que sobrevuela toda la discusión: según un cálculo que circula en el debate, en España hay cerca de 10 millones de pensionistas, a los que se suman unos 3 millones de perceptores de ayudas sociales y casi 4 millones de empleados públicos. Es decir, el bloque de personas que dependen directa o indirectamente de una transferencia pública superaría con holgura al sector privado productivo. En términos electorales, cualquier formación que proponga tocar esas partidas firma su sentencia. Y todos lo saben.

Por qué ningún partido propone el recorte de pensiones​

No es una teoría: es una constatación. Ninguna fuerza con representación parlamentaria defiende abiertamente bajar las pensiones, reducir el salario mínimo o privatizar servicios públicos a gran escala. Lo que hay es una competición por ver quién sube más las pensiones y quién promete más ayudas. El discurso del miedo funciona en ambas direcciones: unos avisan de que la derecha recortará; otros, de que la izquierda vaciará la caja. Mientras tanto, el gasto comprometido crece.

Hay quien sostiene que el sistema aguantará porque el Estado siempre puede imprimir dinero. Es el argumento más repetido: «que impriman más billetes». El problema es que ese mecanismo tiene un límite conocido: si se emite sin respaldo productivo, los precios suben y el poder de compra se desploma. En términos reales, el pensionista cobra lo mismo pero compra menos. El recorte llega igual, solo que por la vía de la inflación en lugar del BOE.

El cálculo que nadie quiere hacer: quién paga la pensión​

La discusión deriva rápidamente hacia una pregunta incómoda: ¿de dónde sale el dinero de las pensiones? La respuesta técnica es que sale de las cotizaciones de los trabajadores en activo. La respuesta emocional es que el jubilado ya cotizó en su día. Ambas son ciertas y ambas son incompatibles cuando la pirámide demográfica se invierte. Los nacidos durante el baby boom empiezan a jubilarse y las cohortes que entran al mercado laboral son más pequeñas y con salarios más bajos.

El resultado es una presión creciente sobre las cuentas públicas que se traduce en más deuda, más impuestos o menos servicios. O las tres cosas a la vez. La discusión sobre privatizar total o parcialmente el sistema —como hicieron otros países europeos hace décadas— reaparece periódicamente, pero nadie la pone encima de la mesa en campaña. No hay votos en el ajuste.

¿Qué pasaría si se convocara un referéndum sobre recortar pensiones?​

Perdería con un margen aplastante. La pregunta del título tiene una respuesta casi unánime en cualquier encuesta que se hiciera: la gente no vota a favor de perder derechos adquiridos. Otra cosa es que acepte, sin saberlo, políticas que a medio plazo los erosionan. La subida del IVA, la devaluación salarial vía inflación, el aumento de la edad de jubilación o la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones son formas de ajuste que no requieren una votación explícita.

El economista que quiera ser honesto dirá que el ajuste es inevitable. El político que quiera ser reelegido dirá que no habrá ajuste. Y el votante, que no es tonto pero tampoco tiene por qué saber economía, votará al que le prometa que no le tocarán la pensión. El sistema se agota por la vía de los hechos, no por la de los votos.

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La pregunta no es si la gente votará el recorte. La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse un sistema que reparte más de lo que ingresa sin que nadie quiera mirar la caja. Cuando la caja se vacíe —y se vaciará, porque la demografía no negocia—, el ajuste llegará sin papeleta, sin debate y sin que nadie pueda decir que no lo veía venir.