Resumen del debate: Unos padres denuncian al instituto de su descendiente por hacerle repetir curso con 6 asignaturas suspensas y habiendo pasado más de 30 días expulsado

Repetir curso con seis suspensos y 34 días de expulsión: los padres pierden el juicio​

Un alumno de 3º de la ESO en Asturias acumuló seis asignaturas suspensas y 34 días lectivos de expulsión —casi siete semanas— durante el curso 2024-2025. Sus padres denunciaron al instituto por hacerle repetir. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha dado la razón al centro. Según un cálculo que circula en el foro, entre abogados y costas la broma les puede salir por unos 5.000 euros.

El caso tiene miga porque la ley ha cambiado. Con la LOMLOE en vigor desde 2022, en la ESO ya no hay un número fijo de suspensos que dispare automáticamente la repetición: la decisión es excepcional y la toma el equipo docente de forma colegiada. Eso ha abierto la puerta a que algunas familias recurran cuando consideran que la medida no está bien justificada. Aquí, el TSJA ha concluido que lo estaba.

Qué decían los padres y qué ha resuelto el TSJA​

El argumento de la familia era que, durante los 34 días de expulsión, el centro no garantizó un apoyo educativo uniforme en todas las materias. Según su versión, el chaval recibió materiales de algunas asignaturas —instrucciones, esquemas, ejercicios y vídeos explicativos—, pero no de todas, lo que le habría impedido alcanzar los criterios de evaluación pese a tener voluntad de trabajo. De ahí la acusación de «negligencia probada» y «funcionamiento anormal del servicio público».

El tribunal no lo ha visto así. La denuncia fue admitida a trámite —contra una decisión de un centro público cabe recurso contencioso-administrativo—, pero el fondo del asunto se ha resuelto a favor del instituto. Traducción: el centro actuó conforme a la normativa y la repetición estaba justificada.

La LOMLOE y el fin de la repetición automática​

La clave jurídica está en la reforma educativa. Antes, suspender un número determinado de asignaturas te llevaba directamente a repetir. Ahora no. El equipo docente decide de forma colegiada y la repetición se concibe como algo excepcional, con un límite de dos veces en toda la enseñanza obligatoria. Esa discrecionalidad es la que ha llevado a algunos padres a los tribunales cuando no comparten el criterio del centro.

El problema es que la norma exige motivar la decisión, y ahí es donde se libran las batallas. En este caso, el TSJA ha entendido que la motivación existía y que las circunstancias —seis suspensos y 34 días fuera del aula— la respaldaban.

El coste de llevar al instituto a los tribunales​

Perder un contencioso-administrativo no sale gratis. Entre abogado, procurador y costas procesales, la factura puede rondar los 5.000 euros, según los cálculos que manejan quienes han seguido el caso. Una cantidad que, ironías de la vida, probablemente habría cubierto con holgura unas clases particulares durante los dos meses de expulsión.

Ahí está el debate de fondo: ¿compensa pelear judicialmente una repetición o es más rentable invertir ese dinero en reforzar al alumno? La respuesta depende de cada familia, pero el precedente del TSJA deja claro que los tribunales no van a tumbar decisiones docentes que estén mínimamente fundamentadas.

Lo que opina la calle: del «premio al esfuerzo» a la «paguita»​

En los mentideros digitales, la sentencia ha caído como un jarro de agua fría entre quienes defendían a los padres. Hay quien sostiene que el chaval debería haber recibido material de todas las asignaturas y que el centro incumplió su obligación. Enfrente, la corriente mayoritaria considera que con seis suspensos y 34 días de expulsión la repetición es lo menos que se puede esperar, y que los padres han hecho el ridículo litigando.

También hay quien va más allá y critica el propio sistema: «El sistema educativo en España murió en los 90s y el sentido común en el 2008», resume una intervención. Otros apuntan a que la sentencia disuadirá a futuras familias de embarcarse en aventuras judiciales similares.

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Al final, el dato que descoloca: 34 días expulsado, seis asignaturas suspendidas y una factura judicial de 5.000 euros. Todo por no aceptar que, a veces, repetir curso es la salida más barata.