Resumen del debate: ÚLTIMA HORA 16 forasteros a prisión por arrojar atados al mar a otros forasteros (58)

La Fiscalía pide prisión permanente para 16 migrantes por 58 muertes en un cayuco​

Un cayuco interceptado a más de 430 kilómetros de Gran Canaria. A bordo, supervivientes. En el mar, según la acusación, decenas de personas arrojadas atadas y todavía vivas por acusaciones de brujería. La Fiscalía ha pedido prisión permanente revisable para **dieciséis migrantes** a los que atribuye la muerte de al menos **58 ocupantes** de la embarcación. El caso, que llega con las cifras todavía en revisión —primero se habló de seis asesinatos, después de 56 y finalmente de 58 víctimas—, ha abierto un flanco incómodo: ¿qué hace España juzgando un suceso ocurrido en aguas internacionales?

Qué se sabe del cayuco y de las víctimas​

La embarcación fue recogida por Salvamento Marítimo a más de **430 kilómetros de Gran Canaria**, una distancia que ya de por sí desmonta la versión del viaje improvisado. Según la acusación, un grupo de ocupantes habría sometido a otros pasajeros a torturas y habría arrojado a varios al mar, atados, tras acusarles de practicar brujería. La cifra de fallecidos ha oscilado en las informaciones: desde los seis iniciales hasta los **58** que maneja la Fiscalía.

El relato judicial convive con un detalle que no encaja en ninguna estadística: la travesía se habría hecho sin motor, sin combustible y sin provisiones suficientes. Hay quien lo resume con retintín: si de verdad cruzaron el Atlántico así, el secreto merece un Nobel. La ironía no oculta el fondo: la ruta canaria se ha convertido en una de las más letales del mundo, y los cayucos ya no son barcas de fortuna, sino embarcaciones cada vez más grandes y alejadas de la costa.

La pregunta que recorre el caso: ¿tiene España jurisdicción?​

El principio de jurisdicción universal está regulado en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reformado en 2014. Esa norma permite investigar genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad, tortura y desapariciones forzadas fuera de España, pero con condiciones: que el presunto autor sea español o residente, o que la extradición haya sido denegada. En aguas internacionales, la competencia española no es automática. De ahí la paradoja que señalan algunos análisis: se invoca jurisdicción universal para crímenes de lesa humanidad y, al mismo tiempo, se discute si hay base para juzgar esto.

El coste de la prisión y el debate sobre el gasto​

El asunto ha derivado, cómo no, en una discusión sobre dinero. Mantener a dieciséis personas en prisión preventiva y afrontar un juicio de esta envergadura tiene un coste que nadie ha cuantificado públicamente. La pregunta que sobrevuela es si España debe asumir ese gasto o si la respuesta debería ser la deportación y el enjuiciamiento en el país de origen. Hay quien sostiene que la prisión permanente es un castigo desproporcionado para personas que, en algunos casos, podrían ser también víctimas de la travesía; enfrente, el argumento de que la gravedad de los hechos —torturas y muertes— exige la máxima respuesta penal.

Brujería, tribus y el relato que no encaja​

El elemento que más desconcierta es el móvil: acusaciones de brujería. En el debate público se mezclan el respeto a otras culturas y la sospecha de que el relato sirva para justificar lo injustificable. La línea que separa el análisis antropológico del prejuicio es fina, y en este caso se ha cruzado varias veces. Lo único verificable, por ahora, es la acusación fiscal y la cifra de víctimas. El resto —ritos, creencias, jerarquías internas del cayuco— está por probar en un juicio que aún no ha empezado.

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Queda el dato que descoloca: **58 muertes** en una sola embarcación, dieciséis acusados y un tribunal español que debe decidir si tiene algo que decir. Mientras tanto, los cayucos siguen saliendo.