Resumen del debate: Se acabó: El Supremo rechaza suspender también el derecho al voto de los 189.000 descendientes de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

El Supremo deja votar a 189.000 hijos de nacionalizados​

El Tribunal Supremo ha rechazado extender la suspensión del derecho al voto a los **189.678 hijos** de españoles nacionalizados por la *ley de nietos*. La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó la petición de Vox e Iustitia Europa, que querían ampliar a este grupo la medida cautelar dictada en septiembre contra más de **163.000** nacionalizados por el apartado 1.1 de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. El argumento del alto tribunal es de reloj, no de fondo: la petición llegó con más de la mitad del periodo electoral consumido, a una semana del arranque de la campaña y a dos semanas del depósito del voto en urna en los consulados.

Quiénes son los 189.678 y por qué no estaban afectados​

El grupo que queda dentro del censo no es el de los nietos del exilio, sino el de los **hijos mayores de edad** de quienes ya obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica de 2007 o por el apartado 1 de la norma de 2022. Es el supuesto 1.b de la disposición adicional octava, el *Anexo III* en la instrucción de Justicia. Sobre ellos no pesaba la suspensión de septiembre, y el Supremo no la amplía ahora.

La Abogacía del Estado se opuso y aportó un dato incómodo para quien pide purgas de censo a toda prisa: en esa cifra se mezclan nacionalizados por la norma de 2022 y por la de 2007, y estos últimos no son «en absoluto un colectivo residual». El Gobierno cifró en **373.616** los nacionalizados por la Ley de Memoria Histórica de 2007, sin desglose de cuántos residen fuera y figuran en el censo de residentes en el extranjero (CERA).

El censo no se toca a dos semanas del voto​

Los magistrados consideran que abrir ahora una revisión del CERA resulta «contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral», con «interrogantes» sobre la posibilidad material de ejecutarla antes del escrutinio. La Abogacía había avisado de que ampliar la suspensión pondría en riesgo los trámites legales del 29-N e incluso el recuento.

Traducido: el Supremo no dice que esos votos sean intocables, dice que no hay tiempo. La puerta queda entreabierta para otro calendario electoral, no para este.

El cálculo electoral que circula: 20.000 votos por escaño​

La discusión posterior se centra en la aritmética. Hay quien sostiene que un escaño en provincias pequeñas como Soria, Segovia o Zamora se consigue con alrededor de **20.000 votos**, y ahí el CERA deja de ser una curiosidad estadística.

Hay quien sostiene que el efecto real será mínimo si el voto emitido no supera el 10% de los inscritos. El escenario opuesto dibuja un reparto por provincias donde unos miles de papeletas deciden el último escaño. Entre ambos extremos, la única cifra firme es la del censo: 189.678 personas con derecho a voto y sin suspensión.

Lo que el auto no resuelve​

Queda pendiente la cuestión de fondo sobre los 163.000 ya suspendidos, y queda sin respuesta cuántos de los 189.678 se nacionalizaron por la norma de 2022 y cuántos por la de 2007. El Ministerio de Exteriores no tiene ese desglose. Sin él, cualquier pronóstico sobre el impacto del 29-N es especulación con decimales.

Con este calendario, la revisión del censo CERA no llegará antes de la cita electoral. Si llega después, y con qué alcance, es una incógnita que el Supremo no ha cerrado.