Resumen del debate: Rescates a 450 km: el mapa que incomoda

468.661 entradas irregulares desde 2018 y 537 detenidos por yihadismo​

El Ministerio del Interior contabiliza 383.661 entradas irregulares desde junio de 2018. Un cálculo alternativo que circula en el ámbito especializado asciende a 468.661: la diferencia son las dos entradas masivas de Ceuta, alrededor de 85.000 personas, que Interior excluye de sus estadísticas con una simple nota al pie. El mismo periodo acumula 537 detenidos por yihadismo, con un récord anual que no se veía desde los atentados del 11-M. Ceuta y Melilla, con el 0,35% de la población, concentran el 16,8% de esas detenciones.

La conversación sobre inmigración en España lleva 1.564 días sin bajar el volumen. Empezó con una comparación de muertes en rutas migratorias —224 fallecidos en 2017 frente a casi 850 en los últimos años— y ha derivado en un cuerpo de datos que toca puertos, aeropuertos, centros de acogida, presupuestos públicos, convenios universitarios y estadísticas penitenciarias. No es un asunto de titulares sueltos. Es una contabilidad paralela que el Gobierno no publica y que los analistas reconstruyen a mano.

¿Cuántas entradas irregulares hay realmente desde 2018?​

La cifra oficial de Interior es 383.661. La cifra que circula en los análisis alternativos es 468.661. La diferencia no es un error de suma: son las dos entradas masivas de Ceuta, alrededor de 85.000 personas, que el ministerio excluye de sus informes con una nota al pie. Un participante lo resumía así: «El Ministerio del Interior solo contabiliza 383.661: las dos invasiones de Ceuta (alrededor de 85.000 invasores) las excluye de sus estadísticas con una simple nota al pie en los informes».

El desglose por vías añade presión. Más de 70 personas llegaron a Murcia y Almería procedentes de Argelia en apenas 24 horas, según los datos que se citan. Canarias acumula llegadas desde áreas controladas por Marruecos que, según se argumenta, no reciben la misma cobertura mediática que las rutas argelinas. En lo que va de mes, El Hierro ha recibido 10 cayucos con 923 personas. Gran Canaria ha activado salidas de Salvamento Marítimo para recoger a 50 personas en una neumática.

El coste público: 69,9 millones para alojar y 51 euros por kit​

La factura se desglosa con precisión. 69,9 millones de euros para ampliar el alojamiento de personas migrantes en Canarias: Tenerife (Las Raíces, 26,3 millones; Las Canteras, 23,2; Granadilla, 7,4), El Hierro (Echedo, 10) y Fuerteventura (El Matorral, 3). Cada kit que entrega Cruz Roja a una persona recién llegada cuesta 51 euros. En mes y medio, más de 3.800 kits: más de 193.800 euros. La comarca de Valdejalón, en Aragón, licita por 150.000 euros un servicio de mediación intercultural. El Parque Tecnológico de Fuerteventura licita por un millón de euros el proyecto AGAMENON, drones para detección temprana de embarcaciones y gestión de la inmigración irregular.

Hay quien sostiene que este gasto es la prueba de una política deliberada de acogida sin control. Otros replican que el coste de no atender a las personas que llegan sería mayor, en términos humanitarios y de orden público. El dato que nadie discute es que el dinero sale de los Presupuestos Generales del Estado y que la vivienda pública para residentes no crece al mismo ritmo.

La redistribución: vuelos, furgonetas y el 95% que sale de Canarias​

El mecanismo de redistribución desde Canarias a la península es el punto que más ha escalado en la conversación. Según los datos que se manejan, más del 95% de las personas que llegan a Canarias salen en vuelos constantes con destino a la península, gestionados por el Gobierno y las ONG con dinero público. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, calificó de «bulo» la existencia de aviones llenos de migrantes hacia la península. La respuesta fue contundente: explicar en qué consiste ese «bulo» y de paso, según el análisis, que la ministra se entere de lo que sucede en su ministerio.

La Policía Nacional ha detectado la activación de tres rutas migratorias hacia España tras el anuncio de regularización de 500.000 personas a partir de abril. Una vía pasa por el Reino Unido, cruza el Canal de la Mancha hacia Francia y alcanza España por los Pirineos. Los perfiles que se citan son ciudadanos pakistaníes, afganos e indios que buscan legalizar su presencia en Europa. En el aeropuerto de Lanzarote, personas migrantes esperan vuelos con destino a Tenerife. En el puerto de Valencia, el desembarco de los ferris de recolocación se ha convertido en una escena recurrente.

Menores no acompañados: pruebas de edad y convenios millonarios​

El tratamiento de los menores no acompañados concentra uno de los debates más técnicos. El Gobierno de Canarias ha prorrogado hasta junio de 2027 un convenio de 30.000 euros con la Universidad de La Laguna para estudiar la acogida de MENAs. El proyecto «SALAM» acumula retrasos en el trabajo de campo y amplía su plazo de ejecución. El presidente de Canarias, de Coalición Canaria, sonríe al referirse al envío de MENAs a la península sin verificar su edad. Todos los grupos, incluidos PP, PSOE y Coalición Canaria, votaron en contra de la propuesta de VOX para intensificar y mejorar las pruebas de edad.

La paradoja que se señala es doble: se prorroga un estudio sobre la acogida mientras se licitan drones para detectar embarcaciones con foco en la detección de MENAs, y se destinan millones a alojamiento mientras no hay viviendas para los españoles. La relación entre las ONG, las mafias de la inmigración irregular y las administraciones que contratan sus servicios es, según se argumenta, «evidente»: las ONG saben cuántas personas están por llegar y luego reciben millones de euros anuales de impuestos.

Delincuencia y terrorismo: los números que Interior no destaca​

Los extranjeros representan más de un tercio de los presos en España. Uno de cada diez es marroquí. Los marroquíes son también los extranjeros que más vivienda compran: casi 5.000 operaciones en el primer semestre del año. El Ayuntamiento de Murcia, del PP, destina casi la mitad de las ayudas para vivienda de protección pública a ONG que, según se sostiene, alientan la inmigración irregular.

En terrorismo yihadista, los datos son los siguientes: 537 detenidos desde 2018. 2025 cerró con un récord de 100 arrestos, la cifra más alta desde el 11-M. 2026 ya suma 86. Ceuta y Melilla, con apenas el 0,35% de la población, concentran el 16,8% de las detenciones. El mapa de Interior es, según se describe, inequívoco. La portada de la revista francesa Frontières titulaba: «Invasión migratoria: ONGs, abogados, jueces, periodistas, traficantes. Los culpables». Un participante lo comentaba: «Impensable en España, donde ni tan siquiera los que a veces tratan este tema desde el espíritu crítico, se atreverían a publicar algo así».

La respuesta social: del «que muevan el culo las ONG» a la «Europa que nos usa de tapón»​

Las posturas que se cruzan van del cinismo más crudo a la geopolítica. Una voz sostenía que «tampoco pasa nada si palman, el pasaje ya lo han pagao». Otra defendía el control de la natalidad como «la única solución a los problemas del mundo: limitar el número de hijos a uno por persona en los países tercermundistas y dos en el resto». En el extremo opuesto, un análisis situaba a España como «la puta de Europa»: la UE, y más concretamente Francia, habría usado España como tapón antiinmigratorio regalando miles de millones a un país al que se obligó a desmantelar su industria. «La inmigración quiere ir a Francia, no a España. Pero como a la gabachuceria no le hace gracia acoger a tanto negrata idiota, le pasan el marrón a España», resumía.

Entre medias, la desconfianza hacia el tejido asociativo: «ProActiva ha estado décadas chupando dinero público por contratas de socorrismo en playas y piscinas antes de lanzarse a mayores empresas con el barquito». La crítica no es solo al gasto, sino a la arquitectura de incentivos: quien gestiona la acogida tiene interés en que la acogida crezca. Y la pregunta que sobrevuela es si alguien está midiendo el retorno de esos 69,9 millones o de los 51 euros por kit.

Qué puede pasar con la regularización de 500.000 personas​

El anuncio de regularización de 500.000 personas a partir de abril ha activado rutas que antes no existían. La vía del Reino Unido hacia Francia y luego a España por los Pirineos es la más novedosa. Los agentes expertos en Extranjería destacan que los perfiles pakistaníes, afganos e indios buscan legalizar su presencia en Europa, no necesariamente quedarse en España. Si el cálculo es correcto, la presión sobre los servicios sociales, la vivienda y el empleo se concentrará en las mismas comunidades autónomas que ya soportan el mayor gasto de acogida.

La predicción con reservas es sencilla: si la regularización se ejecuta sin reforzar el control de fronteras y sin auditar el gasto de acogida, el volumen de llegadas no bajará. Si se refuerza el control sin vías legales, el volumen se desplazará a rutas más peligrosas y las muertes en el mar subirán. Ninguna de las dos opciones es gratuita. Y la factura, en cualquier caso, la paga el mismo contribuyente que ve cómo el parque infantil de su barrio amanece ocupado.