Resumen del debate: Radiografía de un bowlingzo: cuando Ana Botella malvendió 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre

Botella malvendió 1.860 VPO a un fondo y Madrid perdió 25 millones​

Madrid perdió 25 millones de euros y dejó en el aire a miles de inquilinos de vivienda pública. La operación la cerró Ana Botella al frente del Ayuntamiento: 1.860 viviendas de protección oficial traspasadas a un fondo de inversión. Los afectados se enteraron por carta de que su piso dejaba de ser VPO. Las denuncias y querellas han ido decayendo y nadie ha sido condenado.

El relato oficial vendió la operación como una salida limpia para un parque de vivienda que arrastraba costes. La letra pequeña llegó después, en forma de subidas de renta y de vecinos buscando piso a las afueras.

Qué pasó con las 1.860 viviendas públicas de Madrid​

El Ayuntamiento de Madrid traspasó 1.860 viviendas de protección oficial a un fondo de inversión. El precio fue bajo. Tan bajo que la ciudad perdió 25 millones en la operación, según el balance que se ha ido reconstruyendo. Los inquilinos no recibieron una llamada ni una reunión: se enteraron por carta de que su VPO dejaba de serlo.

Hay quien sostiene que esas viviendas se vendieron baratas porque tenían dentro un problema de impagos y de mantenimiento que se comía los presupuestos municipales. El argumento tiene su lógica contable: un parque envejecido, rentas bajas y reparaciones a cargo del erario. Enfrente pesa otro dato: si el activo era tan tóxico, ¿por qué lo compró un fondo especializado que sabe exprimir activos inmobiliarios mejor que nadie?

El inquilino que pasó de pagar 400 a más de 800 euros​

El impacto no fue abstracto. Hay casos concretos: parejas que pagaban algo más de 400 euros al mes y se encontraron con recibos por encima de 800. El salto obligó a muchas a mudarse a municipios del extrarradio, con el coste añadido del transporte y el desarraigo. Uno de esos traslados acabó con secuelas de salud mental, según el testimonio que circula.

La subida no fue un error de facturación. Fue el modelo. Cuando una VPO deja de estar protegida, el propietario puede acercar la renta al mercado. Y el mercado de Madrid no perdona.

Por qué nadie ha sido condenado por la venta de las VPO​

Las denuncias y querellas se han ido apagando. Nadie ha sido condenado. La justicia no ha encontrado —o no ha buscado con la misma energía— el hilo que conecte la decisión política con el perjuicio patrimonial de los inquilinos. La operación se defendió como una decisión de gestión, no como un pelotazo.

La defensa tiene tres patas: que el parque generaba pérdidas, que los impagos crecían y que el mantenimiento lo pagaban los impuestos de todos. Es el argumento del pasivo insoportable. La acusación tiene otra: que se malvendió un activo público a precio de saldo y se trasladó el coste social a los que menos tenían.

El fondo buitre, el pasivo y el dinero de todos​

El comprador no era una ONG. Era un fondo especializado en activos inmobiliarios con descuento. Su negocio es comprar barato, subir rentas y rotar el activo. Si el parque era un pozo sin fondo, el fondo habría comprado un problema. Compró, en cambio, 1.860 viviendas en una capital europea con demanda estructural.

El dinero de la venta se destinó, según la versión municipal, a pagar salarios y pensiones y a evitar que zonas de la ciudad se llenaran de lo que algunos llaman «purria». Esa frase, con ese desprecio, la firma más de uno en el debate público. Y explica bastante del consenso que sostuvo la operación.

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Con estos mimbres, lo previsible es que la operación siga sin responsables judiciales y que los inquilinos sigan pagando la diferencia. Lo imprevisible es si algún día un ayuntamiento calcula el coste real de malvender vivienda pública antes de firmar. La aritmética no es complicada. La voluntad, otra cosa.