Resumen del debate: ¿Qué hace la Secretaria de Comunicación en la sala de Adif tras Urda?

La secretaria de Comunicación, en la sala de control de Adif​

¿Qué hace la Secretaria de Estado de Comunicación en la sala de control de Adif tras el accidente de Urda? La pregunta, lanzada en redes, apunta a una presencia que, según las informaciones que se han ido publicando, no se limitó a una visita protocol·laria. El Debate publicó que la Guardia Civil habría encontrado en los metadatos de los audios con los que se señaló al técnico de Adif un rastro que apunta a esa misma secretaría. La cifra que acompaña al cargo no es menor: 138.231 euros al año, según el Portal de Transparencia.

La discusión pública se ha centrado en dos frentes. El primero, la presencia de la secretaria en la sala de control mientras se seguían rescatando víctimas. El segundo, la posible filtración de conversaciones entre maquinistas y control para construir un relato que exculpara a la ministra de Transportes. Los datos disponibles a la fecha de esta discusión no permiten afirmar una condena, pero sí han puesto el foco sobre el departamento que dirige Lydia del Canto Soriano.

Qué se sabe de la presencia en la sala de control​

La sala de control de Adif es el centro neurálgico donde se coordinan las circulaciones y se reciben las comunicaciones de emergencia. La presencia de un cargo político en ese espacio, en plena gestión de un accidente con víctimas, ha sido interpretada por una parte del análisis como una intromisión en el ámbito técnico. Otra corriente sostiene que la secretaría de Comunicación tiene entre sus funciones coordinar la información pública y que su presencia podría tener encaje institucional.

El problema no es la visita. El problema es lo que se escuchó y a quién se filtró después. Las conversaciones entre maquinistas y control son material sensible de una investigación en curso. Su difusión selectiva, si se confirma, no sería un error de comunicación: sería un delito.

El rastro en los metadatos y la investigación de la Guardia Civil​

La Guardia Civil habría certificado, según las informaciones publicadas, que el audio que señaló al técnico de Adif salió del departamento que dirige la secretaria de Estado. Los metadatos son la huella digital de un archivo: quién lo creó, cuándo y desde qué equipo. Borrarlos no es tan sencillo como borrar un correo. Y ahí es donde las prisas juegan malas pasadas.

El caso recuerda a otros episodios de filtración selectiva que han salpicado a distintos gobiernos. La diferencia es que aquí hay 69 muertos de por medio y una investigación judicial en marcha. La juez instructora sigue tirando del hilo.

El sueldo del cargo y el relato de la transparencia​

El Portal de Transparencia recoge una retribución de 138.231 euros anuales para la Secretaría de Estado de Comunicación. Es una cifra que, puesta en contexto, no es excepcional en la alta administración, pero que en este caso se ha convertido en un símbolo: el del coste de una maquinaria de propaganda que, según las sospechas, habría operado para proteger a un ministro.

La ironía es que la transparencia sirva para saber cuánto cobra quien, presuntamente, filtró lo que no debía. Los datos están ahí. La interpretación, como siempre, depende de quién los mire.

Qué puede pasar ahora​

La investigación sigue abierta. No hay condena firme ni acusación formal contra la secretaria, pero el cerco se estrecha. La oposición ha pedido explicaciones en el Congreso y el caso ha entrado en el terreno judicial. Mientras tanto, la pregunta inicial sigue sin respuesta oficial: ¿en calidad de qué se permitió el acceso a la sala de control?

La política de comunicación del Gobierno se enfrenta a su propia paradoja: tanta transparencia para unos, tanto silencio para otros. Y un audio que, al parecer, no se borró solo.