El hilo del IMV se calienta: de la Constitución a Meloni

El hilo del IMV se calienta: de la Constitución a Meloni​

Primer párrafo directo a lo que pasa. Sin calentamiento.

El debate sobre el IMV arranca con una pregunta que cruza el hilo de lado a lado: si la propuesta de exigir diez años de residencia es siquiera posible. Un forero lo plantea sin rodeos: «¿Sabes que eso no se puede hacer sin cambiar la Constitución?». La respuesta llega rápida y en dos direcciones. Por un lado, quien recuerda que el artículo 1.1 de la Constitución no dice nada de dar ayudas a todo el mundo. Por otro, quien sostiene que la Constitución solo prohíbe discriminar a los españoles y que los extranjeros no tienen por qué tener los mismos derechos. El rifirrafe jurídico se mezcla con la desconfianza: varios piden la fuente de que Vox vaya a quitar la prestación y uno zanja que «ni de coña va a quitar Vox la paguita».

Qué se ha sabido​

En este tramo no hay cifras nuevas sobre el coste del IMV, pero sí aparecen datos y referencias que los foreros usan para apoyar sus posturas. Un participante enlaza una noticia de Libertad Digital sobre el caso italiano: Meloni hunde el paro a mínimos tras endurecer la política de prestaciones sociales. El enlace se comenta como ejemplo de que retirar subsidios impulsa el empleo. También se cita una advertencia de Bruselas: según una forera, no se pueden pedir más de cinco años de empadronamiento para optar a ayudas, mientras que el acuerdo entre derecha y ultraderecha fija diez años. Otro participante aporta el dato de que la renta agraria exige diez años de empadronamiento en Andalucía o Extremadura, y argumenta que ese requisito no discrimina porque se aplica igual a españoles y extranjeros con residencia legal. Se menciona de pasada que hay un 15% de paro, aunque sin desarrollo.

Dónde está la bronca​

La discusión se parte en dos frentes. El primero es el legal: si la Constitución permite o no exigir residencia para cobrar una ayuda. Un forero insiste en que no se puede sin reformar la Carta Magna; otro le responde que la Constitución solo protege a los españoles y que los extranjeros no son titulares de esos derechos. La cosa sube de tono cuando se llama «pringao» al primero, pero el intercambio sigue. El segundo frente es el de los años de residencia: unos piden diez años cotizados, otros veinte, y alguno exige ser residente legal de segunda o tercera categoría. Ahí no hay acuerdo ni sobre la cifra ni sobre si debe contar la cotización o solo el arraigo.

El tercer frente, el más áspero, es el de quién debe cobrar. Una parte de los participantes sostiene que ningún extranjero debería recibir ayudas públicas y que quien venga debe ser capaz de trabajar. Otra parte lleva el argumento al extremo de pedir que se eliminen todas las pagas y que el dinero quede en el bolsillo de quien trabaja. Frente a ellos, varios foreros avisan de que quitar el IMV y las otras ayudas provocaría un estallido social: «Quitan el IMV y las otras 3 millones de ayudas y arde España como Troya», escribe uno. La discusión deriva en insultos y descalificaciones hacia colectivos, que este resumen no reproduce. También hay quien recuerda que «ahora son todos españoles» y quien ironiza sobre la etnia que acabará cobrando la prestación.

Qué cambia respecto a antes​

Hasta ahora el hilo se movía en el terreno de los principios y las cifras generales. En este tramo entra de lleno la batalla jurídica: la Constitución, el artículo 1.1, la posibilidad de retirar la nacionalidad a los nacionalizados. También aparece por primera vez el caso italiano de Meloni como espejo donde mirarse, y se cuela el ejemplo de la renta agraria andaluza como precedente de requisito de empadronamiento. La predicción que se refuerza es la de que el choque con Bruselas será el obstáculo real. Nadie ha cuantificado aún el ahorro, y las posturas siguen sin moverse: los que piden más años para todos y los que avisan de que recortar crea exclusión.