Resumen del debate: Peru , Colombia , Argentina , México etc si eres Español y entras como turista y te quedas te deportan

Dos años irregular en España y papeles; en Perú, deportación​

Entrar como turista, quedarse, trabajar en negro y, a los dos años, pedir el arraigo. Ese recorrido existe en España. En Perú, Colombia, México, Argentina y Chile, el mismo itinerario termina en multa, salida obligatoria o expulsión, según los casos expuestos en el debate. La asimetría se presenta como prueba de que el trato a los españoles en el exterior no se parece al trato que España dispensa a los extranjeros que llegan.

El contraste se apoya en normas concretas. El proceso de formalización peruano de 2025 excluye expresamente a quien ingresó de forma irregular, y la nueva ley DL 1582 considera ese ingreso sancionable con expulsión. En Colombia, la irregularidad es por sí sola causal de deportación y trabajar sin autorización es infracción. México permite regularizar con documento vencido solo hasta 60 días naturales; pasado ese plazo, toca salir. Argentina, con el DNU 366/2025, ha desactivado el arraigo como vía fácil.

Por qué España mantiene el arraigo y otros países no​

El argumento que circula con más fuerza es económico, no humanitario. España arrastraría dos décadas de economía sumergida amplia en hostelería, campo, cuidados y reparto, con una natalidad en mínimos. El arraigo serviría para aflorar a gente que ya trabaja en negro y que empiece a cotizar. No es solidaridad: es recaudación y la constatación de que, expulsado uno, al mes hay otro en el mismo puesto.

A eso se suma la aritmética del coste. Según un cálculo que circula en el debate, expulsar a una persona cuesta entre 10.000 y 15.000 euros entre centro de internamiento, vuelos, policía y recursos judiciales. Con cientos de miles de irregulares, la expulsión masiva sería inviable. El arraigo saldría más barato que deportar. La directiva europea, además, permite regularizar por integración si se acredita arraigo social.

La reciprocidad que no llega​

La queja de fondo es de reciprocidad. Se sostiene que a un chileno le bastan dos años de residencia en España para pedir la nacionalidad, mientras un español en Chile necesita cinco años de residencia legal. Y que la «hermandad» iberoamericana se queda en el discurso: en el consulado te piden billete, solvencia y papeleo como a cualquier extranjero.

Hay quien va más allá y señala a la patronal: no le interesaría la reciprocidad, solo el stock de mano de obra. Con el trabajador en negro, el coste lo asume el currito y el contribuyente; con el arraigo se blanquea tras dos años de cotización de perfil, mientras la empresa se ahorra trámites.

El cuello de botella que nadie quiere tocar​

La capacidad de expulsión es la clave que explicaría la supervivencia del sistema. Los centros de internamiento tendrían pocas plazas y faltaría personal: las expulsiones ejecutadas serían una anécdota frente a las dictadas. No se puede deportar lo que no tiene sitio donde meterse. Y la reagrupación familiar, años después, seguiría siendo el tren que nadie toca porque las cifras brutas asustan.

Queda el dato incómodo: el país que más facilita la regularización por tiempo es también el que menos capacidad tiene de ejecutar la expulsión. La política migratoria no la decide el discurso, la decide la aritmética del coste y del cupo.