Resumen del debate: Para cobrar el IMV habrá que trabajar en beneficio de la comunidad

Trabajar para cobrar el IMV: la propuesta que reabre el debate​

¿Debería el Estado exigir una contraprestación a quien cobra el Ingreso Mínimo Vital? La pregunta, vieja conocida de cualquier tertulia económica, ha vuelto a la actualidad con una propuesta concreta: condicionar la prestación a la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Limpiar arcenes, plantar árboles, acompañar a ancianos en geriátricos o pintar fachadas con grafitis. A cambio, cero dinero por quedarse en casa viendo la tele. El planteamiento, formulado con crudeza en un foro de economía, ha abierto un jornal de opiniones encontradas que mezcla filosofía del Estado del bienestar, cuentas públicas y sospechas ideológicas.

La propuesta original no se anda con rodeos: quien no trabaja, no tiene ingresos y quiere «parasitar con una paguita» debe devolver algo a la sociedad. De 8 a 2, limpiando entornos públicos o ayudando a quien lo necesita. La idea, que en su formulación más dura recuerda los programas de trabajo obligatorio de otros países, ha encontrado eco entre quienes consideran que el IMV se ha convertido en una subvención a la vagancia. Pero también ha levantado ampollas entre quienes ven en ella un ataque a los más vulnerables y un brindis al sol administrativo.

¿Quién cobra realmente el IMV?​

El primer frente de discusión es el perfil de los perceptores. Hay quien sostiene que la mayoría de los beneficiarios son personas mayores sin pensión o con gran discapacidad, incapaces de ejercer cualquier actividad laboral. Frente a esa visión, otra corriente asegura que esos casos son «insignificantes» y que lo que abunda es el NINI que se funde la ayuda en vicios y vaguea. La discusión, sin datos oficiales en la mano, se mueve entre la anécdota del bar a media mañana y la estadística que nadie cita. El resultado es un retrato a brochazos que dice más de las trincheiras ideológicas que de la realidad de la prestación.

El problema logístico: ¿quién vigila a los trabajadores comunitarios?​

Más allá del debate moral, la propuesta se enfrenta a un escollo práctico de primer orden. Obligar a trabajar a los perceptores exige capataces que verifiquen que la tarea se ha hecho y controlen a los participantes. Eso implica más coste administrativo y, según los críticos, ni siquiera garantiza que el trabajo se ejecute con un mínimo de calidad. La ecuación no cuadra: si hay que contratar supervisores para vigilar a quienes limpian cunetas, el ahorro se esfuma. Y si se recorta en supervisión, el programa se convierte en un coladero.

El argumento se extiende a los servicios que ya existen. Hay quien señala que muchas de esas tareas ya las desempeñan ONGs subvencionadas o trabajadores públicos. Sustituirlos por perceptores del IMV podría destruir empleo formal y generar un efecto sustitución perverso: despedir a unos para que otros cobren la ayuda haciendo lo mismo. Un plan sin fisuras, ironizan algunos.

La amenaza del efecto desincentivo​

La experiencia de los controles presenciales de perceptores de prestación por desempleo ofrece una pista. Según se argumenta, a los pocos días muchos aparecen con un contrato o renuncian porque les es más rentable la actividad que ejercen en negro. La letra pequeña del mercado laboral español asoma por todas partes. Condicionar el IMV a trabajos comunitarios podría tener un efecto similar: expulsar del sistema a quienes encuentran una ocupación sumergida más lucrativa que la prestación.

El trasfondo político: votos, ideología y el futuro del Estado del bienestar​

La discusión deriva hacia el terreno electoral. Hay quien sostiene que la izquierda defiende las ayudas porque le granjean votos, y quien replica que la derecha ataca a los débiles mientras protege a los ricos. El cruce de acusaciones incluye referencias a la España de las autonomías, a los años de gobierno socialista en el sur y a la tentación de un régimen de partido único. El tono sube y baja, pero el fondo es el mismo: ¿qué modelo de protección social queremos?

En el horizonte asoma la automatización. Algunos análisis anticipan que la inteligencia artificial y la robótica dejarán a una masa enorme de población dependiente del Estado, lo que haría insostenible el actual esquema de ayudas. La propuesta de exigir trabajo comunitario sería entonces no una ocurrencia, sino una necesidad futura. Otros ven en ella un paso hacia el trabajo forzado y un retroceso civilizatorio.

El cierre, como casi siempre en estos debates, es una pregunta sin respuesta: ¿hay alguien dispuesto a ponerla en práctica? Porque de momento, la propuesta sigue en el limbo de las ideas que gustan en la sobremesa y se desinflan en el BOE.