Resumen del debate: Óscar Puente gastó casi 70.000 euros del Ministerio de Transportes en averiguar los motes que la gente le ponía

Puente gastó casi 70.000 euros en rastrear los motes que le dedican en X​

El Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente habría destinado casi 70.000 euros de fondos públicos a rastrear los apodos que los usuarios de X le dedican. La cifra, difundida por el periodista Unai Cano en La Gaceta, convierte una ocurrencia de barra de bar en un contrato de consultoría. El ministro socialista, conocido por su verborrea en redes, habría puesto a su equipo a trabajar en la tarea. El resultado: un informe pagado por todos en el que, según los primeros comentarios, ni siquiera figura el alias más popular, Óscargután.

La noticia ha caído como una bomba en un país que presume de trenes y discute de todo lo demás. El gasto coincide con un momento de tensión presupuestaria y con la gestión de Renfe tras los incidentes ferroviarios. La pregunta no es si el ministro tiene derecho a saber qué le llaman —lo sabe de sobra—, sino cuánto cuesta la curiosidad ajena cuando se paga con el dinero de los contribuyentes.

El informe que no incluye el apodo más buscado​

El primer hallazgo del informe, según los comentarios que circulan, es su propia incoherencia. El alias que más se repite en la conversación pública, Óscargután, no aparecería en el documento. Tampoco el de Óscar Muerte, que ha ganado enteros en los últimos tiempos. La lista, por tanto, nace incompleta. Y eso, en un trabajo de casi 70.000 euros, escuece.

La ironía se multiplica cuando se comprueba que cualquier ciudadano puede obtener ese mismo catálogo de motes gratis. Basta con abrir X y leer. No hace falta un ministerio, ni un equipo, ni un contrato. La diferencia entre el ocio y el erario público es la factura.

El contexto: trenes, presupuestos y una hemeroteca incómoda​

El gasto no flota en el vacío. España vive un momento de ingresos récord y, a la vez, de deuda creciente. La gestión de Renfe acumula fallecidos y retrasos que han erosionado la imagen de la red ferroviaria. En ese escenario, destinar 70.000 euros a un estudio sobre apodos en redes sociales se antoja un lujo difícil de defender.

La oposición ha encontrado en el episodio un filón. No es para menos. El ministro, que ha hecho de la confrontación en X su marca personal, aparece ahora como el hombre que paga por saber lo que ya le dicen a diario. La hemeroteca recuerda que no es la primera vez que un político intenta monitorizar su reputación digital con dinero público, pero sí una de las más llamativas por la naturaleza del objeto de estudio.

¿Es legal usar fondos públicos para esto?​

La legalidad del gasto no está en duda, según los datos disponibles. Otra cosa es su oportunidad. Los contratos menores y los estudios de imagen institucional permiten este tipo de encargos. El problema es político, no jurídico. Y en política, la factura de la vergüenza se pasa en las urnas.

La pregunta que sobrevuela es qué habría pasado si el mismo dinero se hubiera destinado a mejorar la información al viajero o a reparar infraestructuras. No hay respuesta, pero el contraste es demoledor.

El cierre: donde el análisis se atasca​

Con estos mimbres, el caso debería haber provocado una dimisión. No lo ha hecho. El ministro sigue en su puesto y el informe sigue siendo un misterio. La única certeza es que los motes seguirán corriendo por X, gratis, y que el contribuyente ya ha pagado su cuota de curiosidad.