Resumen del debate: OJO QUE NOS SAQUEAN los políticos. FRANCIA acaba de aprobar un NUEVO IMPUESTO de 5 CENTIMOS POR CADA GIGABYTE de consumo de datos en Internet.....

Francia aprueba una tasa de 5,5 céntimos por gigabyte de datos​

Un impuesto aprobado por 11 votos contra 10, con 35 diputados presentes de 577. Ese es el margen con el que la Asamblea Nacional francesa dio luz verde el viernes 30 de octubre a una enmienda al presupuesto de 2027 que grava con 0,055 euros cada gigabyte de datos enviado a los usuarios franceses. La medida, impulsada por el diputado socialista Laurent Lhardit, apunta a las grandes plataformas de contenido digital: Netflix, YouTube, Amazon, Google y las tiendas de videojuegos.

El mecanismo no cobra al usuario directamente. Son las empresas que transmiten los datos quienes deben pagar la tasa, y los proveedores de Internet quedan obligados a medir los volúmenes enviados por cada compañía y remitir esa información, consolidada y anonimizada, a la administración tributaria bajo supervisión del regulador de telecomunicaciones. Sobre el papel, el consumidor no paga. En la práctica, existe la posibilidad de que las plataformas trasladen el coste a sus suscriptores mediante subidas de precio o cambios en las condiciones del servicio.

Cuánto cuesta un gigabyte según la enmienda​

Los cálculos que circulan ayudan a dimensionar la broma. Un juego de 150 GB descargado de una tienda digital generaría unos 8,25 euros de tasa a cargo de la empresa. Una película en 4K reproducida en streaming se traduciría en unos 0,77 euros. Y un abonado medio de Netflix, que ronda los 500 GB mensuales de consumo, arrojaría una carga teórica de 27,50 euros al mes. Son estimaciones que circulan, no recibos emitidos.

Los autores de la enmienda calculan una recaudación potencial de unos 10.000 millones de euros anuales. Conviene subrayar el verbo: calculan. Es una proyección, no una cifra garantizada, y el propio Ejecutivo francés la cuestiona. El ministro de Acción y Cuentas Públicas, David Amiel, rechazó la iniciativa antes de la votación por dos motivos: la viabilidad técnica del mecanismo y su impacto económico. Su advertencia central es que aproximadamente la mitad de la carga fiscal podría acabar recayendo sobre proveedores de contenido de menor tamaño, no sobre los gigantes que la enmienda dice perseguir.

Una enmienda aprobada con el hemiciclo casi vacío​

El dato político es tan llamativo como el tributario. De los 577 diputados, solo 35 participaron en el procedimiento. Once a favor, diez en contra, el resto sin emitir sufragio. Que una enmienda fiscal de este calado salga adelante en un viernes con el hemiciclo desierto ilustra dos cosas: la fragilidad del trámite y la facilidad con la que una medida de este tipo puede colarse en un texto presupuestario.

Y aquí llega el matiz que separa el titular del BOE. Lo aprobado es una enmienda en primera lectura del presupuesto de 2027. Al texto le quedan el Senado, la comisión mixta y, con frecuencia, el artículo 49.3, el mecanismo constitucional que permite al Gobierno fijar el texto final sin votación parlamentaria. Con el Ejecutivo en contra, lo más habitual es que este tipo de enmiendas desaparezca en la versión definitiva. No es una ley vigente. Es una propuesta que ha superado una votación y que tiene por delante un recorrido con varias puertas.

Quién acaba pagando el tráfico digital​

El debate de fondo no es nuevo. En febrero de 2010, el entonces presidente de Telefónica, César Alierta, abrió la discusión global sobre la neutralidad de la red al plantear que los grandes buscadores debían pagar a las operadoras por usar sus redes. Su argumento: las telecos costean y despliegan la infraestructura física, mientras los gigantes de Internet hacen negocio sobre ella sin abonar un porcentaje. Quince años después, la enmienda francesa recoge el guante por otra vía: en lugar de cobrar al que busca, grava al que envía.

Hay quien sostiene que el problema real no es este impuesto concreto sino la estructura del gasto público francés, con una presión fiscal sobre el PIB en torno al 48%, la más alta de la OCDE junto con Dinamarca, y un gasto público consolidado que ronda el 57% del PIB. Bajo ese prisma, la tasa del gigabyte sería una anécdota dentro de un sistema que ya absorbe más de la mitad de la economía. En el extremo opuesto, otra corriente defiende que gravar el tráfico es la forma más regresiva de financiar el Estado: castiga el consumo digital básico y golpea igual al que descarga un juego que al que solo mira el correo.

El detalle técnico tampoco es menor. Medir los gigabytes enviados por cada compañía exige a los proveedores de Internet desplegar sistemas de contabilidad de tráfico, consolidar los datos y remitirlos a Hacienda. ¿Quién fiscaliza que esa medición sea correcta? ¿Qué pasa con el tráfico cifrado, con las redes de distribución de contenido o con los servicios que envían datos desde fuera de Francia? La enmienda deja esas preguntas para el desarrollo reglamentario, que es donde las buenas intenciones suelen morir.

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Queda la pregunta incómoda: si el impuesto cae, las plataformas lo repercuten y el recibo lo paga el abonado, ¿a quién habrá servido realmente la votación de los once diputados?