Resumen del debate: «Necesitamos 700.000 trabajadores pero no llegamos a los jóvenes», alerta la Construcción antes de su gran cita en IFEMA. ¡¡¡PRÓXIMA REGULARIZACIÓN!!!

La construcción exige 700.000 trabajadores mientras el sueldo sigue siendo el problema​

¿De verdad faltan 700.000 trabajadores o faltan 700.000 sueldos que merezcan la pena? La patronal de la construcción ha puesto la cifra sobre la mesa antes de su gran cita en IFEMA: España necesita incorporar 700.000 trabajadores al sector y no llega a los jóvenes. El dato llega envuelto en otros igual de contundentes: hacen falta al menos 220.000 viviendas al año y solo se construye la mitad, el coste de construir ha subido un 30% y apenas el 4% de lo que se levanta se hace en fábrica.

La lectura oficial es que el sector se ha quedado sin relevo generacional. En 2008 había casi 2,5 millones de ocupados en la construcción; en 2009, 1,2 millones. Hoy no se alcanza el millón y medio. La patronal lo resume así: «Necesitamos incorporar 700.000 trabajadores más para poder hacer todo lo que hay que hacer». Y añade un matiz que suele perderse: el 98,5% de las constructoras españolas tiene menos de diez empleados.

El sueldo, el carnet y la paguita​

La respuesta más repetida no habla de vocaciones: habla de nóminas. Hay quien sostiene que con 2.500 euros netos al mes las obras se llenarían mañana; otros elevan la cifra mágica a 3.000. El cálculo que circula es revelador: para pagar 1.260 euros netos el coste de empresa ronda los 22.000 euros anuales, pero para duplicar esa nómina hasta 2.520 netos el desembolso se dispara a 53.000. Es decir, el empresario paga 2,4 veces más para que el trabajador cobre el doble.

A eso se suma el relato de las condiciones. Se describe una oferta de peón que en la entrevista exige ser albañil, escayolista, pintor y electricista a la vez, con cinco cursos de formación que la ley atribuye a la empresa y que acaban pagando el candidato. Horas extras sin abonar, edad como filtro y un IVA del 21% en rehabilitación que, según la patronal, ahuyenta al particular y le empuja a no pedir ayudas para no tener líos con Hacienda.

Impuestos, suelo y tramitación: el 30% del precio​

El consenso del sector es que entre el 25% y el 30% del precio final de la vivienda son impuestos. La propuesta que lanzan es bajarlo al 15%. A ello añaden la tramitación: desde que se empieza a promover hasta que el edificio está terminado pueden pasar 15 o 20 años si se cuenta el desarrollo del suelo, y piden reducir los plazos a la mitad. Sobre la Ley del Suelo, la califican de oportunidad perdida.

El otro flanco es la vivienda protegida. Se critica que se estén construyendo pisos asequibles con estándares de promoción libre —piscina, pista de pádel, portero 24 horas— cuyos costes de comunidad acaban pagando los residentes. Una buena vivienda no necesita todo eso, viene a decirse.

¿Y la regularización?​

El trasfondo migratorio planea sobre toda la conversación. Una parte del análisis sostiene que la llegada de trabajadores extranjeros no resolverá el problema si no se suben los salarios, y que el Estado pone fácil vivir de ayudas mientras el empleo formal no compensa. Otra corriente lo ve al revés: la patronal quiere mano de obra abundante para contener costes. Nadie cierra el círculo. Mientras, IFEMA abre del 10 al 13 de noviembre con 500 expositores y 43.000 metros cuadrados para buscar soluciones a una tormenta que, de momento, se cobra en nóminas ajenas.

Al final, la pregunta no es si faltan 700.000 trabajadores. Es cuántos de esos 700.000 aceptarían el sueldo que se les va a ofrecer.