Resumen del debate: Mi propuesta para pensiones sostenibles. Debatamos

Una pensión mínima igual para todos y un plan privado para quien pueda​

La propuesta es simple y por eso incomoda: todos cotizan lo mismo para garantizar una pensión base equivalente a medio salario mínimo, y a partir de ahí cada cual se busca la vida con planes privados regulados. Ni el que gana 16.000 euros ni el que gana 120.000 se libran de la cuota mínima. El que no pueda o no quiera aportar más, que no se queje luego de cobrar el 50% del SMI. Sobre el papel suena a pacto de caballeros entre generaciones. En la práctica, el primer obstáculo aparece antes de empezar: los que hoy sostienen el sistema con sus cotizaciones tendrían que pagar las pensiones actuales y, además, empezar a capitalizar las suyas. Un esfuerzo doble que nadie ha explicado cómo se reparte.

El mínimo que se come el sistema

La crítica más repetida no va contra la idea de una pensión base, sino contra su naturaleza expansiva. Hay quien sostiene que el mínimo siempre crece con el tiempo y acaba generando el mismo problema que hoy, o peor. La trampa, dicen, no está en el punto de partida sino en la pendiente: cualquier suelo garantizado se convierte en derecho adquirido y en objeto de subida electoral. Y ahí entra en juego la demografía, ese elefante que nadie quiere mirar. Con una población envejecida, el número de perceptores crece más rápido que el de cotizantes, y el esquema actual se parece cada vez más a una cadena donde los nuevos pagan a los viejos. La pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando los nuevos dejan de ser suficientes?

El dinero que desaparece por el camino

Antes de discutir cuánto cotizar, conviene saber dónde acaba lo cotizado. La sospecha de que el sistema funciona como un esquema piramidal planea sobre buena parte de las intervenciones. No es una acusación formal, sino una intuición: si el dinero de los cotizantes de hoy no se invierte para los de hoy, sino que se gasta en los de ayer, la sostenibilidad depende de que la base crezca siempre. Y crecer, en términos demográficos, no está garantizado. Frente a eso, la alternativa capitalizadora exige responder una pregunta previa: qué hacemos con quienes llevan décadas cotizando sin haber podido elegir. Poner el corte en cualquier punto deja a un grupo con las manos vacías o con derechos reconocidos que alguien tendrá que pagar.

Los planes privados que no convencen

La propuesta incluye planes de pensiones privados regulados por el gobierno. La respuesta es unánime en un punto: ya existen, y no gustan. Se les acusa de ser auténtica basura al servicio de la banca, con comisiones que se comen la rentabilidad y condiciones que favorecen al comercializador. Regularlos mejor no resuelve el problema de fondo: si el sistema público garantiza solo medio SMI, el complemento privado deja de ser una opción para convertirse en una necesidad. Y las necesidades, en un mercado financiero, se pagan caras.

La eutanasia como política de pensiones

La salida más radical del debate no es económica, sino existencial. Hay quien plantea que cualquier reforma del sistema debería ir acompañada de una promoción activa del derecho a la eutanasia. La idea, expuesta sin rodeos, apunta a que una parte del problema de sostenibilidad se resolvería si las personas mayores tuvieran una salida digna cuando la pensión no alcanza. Es una propuesta extrema que no ha encontrado réplica directa, pero que deja claro hasta qué punto el debate sobre las pensiones se ha convertido en un debate sobre el valor de la vida en la vejez.

El modelo impositivo que iguala a todos

Frente al modelo de cotización, surge la alternativa de financiar las pensiones vía IRPF, con pensiones exactamente iguales para todos, sin máximas ni mínimas, aunque no se actualicen con el IPC. Es la versión más igualitaria del sistema: todos cobran lo mismo y todos pagan según su renta. El problema es que elimina el vínculo entre lo aportado y lo recibido, lo que puede desincentivar la cotización y convertir la pensión en una prestación asistencial más. Y en un país donde la presión fiscal ya es alta, subir el IRPF para financiar pensiones iguales no suena a promesa electoral ganadora.

La generación que paga dos veces

El punto más delicado es el de la transición. Los que ahora cotizan tendrían que pagar las pensiones de los jubilados actuales sin cambiar ninguna condición y, además, empezar a capitalizar las suyas. Es un esfuerzo colectivo que nadie ha detallado cómo se reparte. La sospecha de que los votantes mayores tienen más peso electoral que los jóvenes añade una capa de cinismo: cualquier reforma que perjudique a los actuales pensionistas es electoralmente suicida. Y así, el sistema sigue funcionando por inercia, con parches y promesas, mientras la pirámide demográfica se estrecha por la base.

La predicción más prudente es que ninguna reforma profunda saldrá adelante mientras el coste político de tocar las pensiones actuales supere el de ignorar el problema. Pero la aritmética no vota. Y cuando los números dejen de cuadrar, el margen de elección habrá desaparecido.